Sube la tensión entre Nación y CABA por las clases, tras otro fallo judicial

Un fallo de la Justicia federal ordenó suspender las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires y volvió a sumir en la incertidumbre a alumnos, padres y docentes de ese distrito que, como en el arranque de esta semana, hasta anoche no sabían a ciencia cierta si hoy deberán concurrir o no a las escuelas. Aún cuando el Gobierno porteño ratificó la continuidad de la actividad en los colegios del distrito (ver pág. 5), desafiando de esa manera el dictamen del juez en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, que aceptó un pedido del Gobierno nacional y resolvió dejar sin efecto la sentencia de la Justicia porteña que ordenaba la presencialidad en las aulas, estableciendo además que el caso se remita a la Corte Suprema.

El nuevo dictamen judicial se conoció horas después de que el máximo tribunal aceptara su competencia en la demanda por “inconstitucionalidad” presentada por el jefe de Gobierno porteño, que pretende la suspensión del decreto presidencial que impide dictar clases por 15 días en el área metropolitana de Buenos Aires, epicentro de la segunda ola de coronavirus. Y un día después de que los colegios capitalinos hayan abierto sus puertas, gracias a la resolución favorable de la Justicia porteña ante un amparo presentado por grupos de padres.

un planteo de Zannini

Contra ese dictamen, Furnari hizo lugar al planteo del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien pidió invalidar la medida cautelar dictada el domingo por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal y mantener la aplicación del decreto presidencial. Al declarar la incompetencia de la justicia porteña en el litigio por las clases en la ciudad de Buenos Aires y remitir el expediente a la Corte, este nuevo fallo ungió a la administración de Alberto Fernández con una sensación de triunfo, la misma que exhibió en la noche del domingo Rodríguez Larreta.

Mientras, la comunidad educativa quedaba nuevamente presa de una grieta político-jurídica con hondas consecuencias sociales y la angustia de irse a dormir sin saber si hoy deberán ir a clases o no.

Acaso contra eso hayan protestado en los cacerolazos que anoche volvieron a escucharse en la Capital Federal, apenas conocido el fallo federal. Y antes de que trascendiera que el Gobierno porteño desafiará la nueva sentencia, objetando que el juez Furnari no puede intervenir porque la Corte ya aceptó el caso (y le dio un plazo de cinco días a la Nación para responder). “No corresponde que un juez tome el caso en estas condiciones”, subrayaban y que por eso presentarían un amparo para que las clases sigan de forma presencial hasta tanto el alto tribunal defina el asunto.

“Hay que ver si la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo acepta la competencia de Furnari. Si no la acepta, la decisión queda en manos de la Corte”, sumaban cerca de Larreta.

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En cambio, en la Rosada insistían en que “el juez puso las cosas en su lugar. El Gobierno porteño basó su decisión en un fallo que es un estrago jurídico. La sentencia de este juez es inapelable y las clases tienen que suspenderse”.

En su sentencia, Furnari, un magistrado designado en 2007 por Néstor Kirchner, escribió algunos de los argumentos esgrimidos por el Gobierno contra la Justicia porteña y calificó la decisión de mantener la presencialidad escolar como un acto de “gravedad institucional” y “escándalo jurídico”.

También, al ordenar a la CABA a abstenerse de continuar con las clases presenciales, el magistrado le dio intervención en el proceso al Estado nacional, que estaba afuera de la causa porteña -y por eso no podía apelar-, y lo reconoció como parte.

Así, Furnari le dio la razón al Gobierno y entendió que la causa es de competencia federal. Pero a su vez, resolvió enviar todo a la Corte, con competencia originaria en los pleitos entre la Capital y el Estado nacional. Algo que se opone a los argumentos de la Rosada, donde no creen que el máximo tribunal goce de esa competencia.

Críticas a sus pares porteños

En un expediente con alto voltaje político, el titular del juzgado federal en lo contencioso administrativo Nro 2 no se privó de criticar a los jueces porteños que votaron a favor de la actividad en los colegios, al sostener que el caso “hubiera arrojado un resultado diferente mediando una inicial y prudente meditación por parte de los magistrados en torno a la competencia del Tribunal que integran”.

Dijo que con este fallo pretendía “restablecer el imperio del estado de derecho, y desde allí será trabajo de la comunidad política propender a la revinculación social e institucional que favorezca la regeneración y cohesión del tejido social, dentro de un esquema de cordura y respeto institucional que nunca debió perderse”.

Y concluyó que su intención era “dejar claramente asentado que no esta en el animo del suscripto generar mayor incertidumbre en la sociedad, sino -muy por el contrario- arrojar luz respecto de cuestiones que debieron permanecer al margen de una confusión de estas características y trascendencia, suscitadas por una decisión para la cual no había espacio y que, bajo la apariencia de un acto jurisdiccional regular, receptara apenas el sentir popular de una parte importante de aquella, llevando efímeras expectativas a sus integrantes”.

Lo cierto es que hasta el cierre de esta edición todo eran dudas y desconcierto en la comunidad educativa porteña. Aún cuando la jefatura de ese distrito confirmó la continuidad de las clases.