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Semana clave en Diputados por la postergación de las legislativas y cambios en el Ministerio Público

Semana clave en Diputados por la postergación de las legislativas y cambios en el Ministerio Público
16 de Mayo de 2021 | 13:56

La Cámara de Diputados buscará aprobar esta semana un proyecto consensuado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para postergar por un mes las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y las elecciones generales debido a la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, propone trasladar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre, en el marco de la renovación legislativa de medio término.

La intención de la bancada del oficialismo, que conduce Máximo Kirchner, es convocar para este miércoles a una sesión especial, en la que además se buscará convertir en ley el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales, informaron fuentes parlamentarias.

También está previsto debatir una iniciativa sobre el impuesto a las Ganancias para las sociedades, que reduce del 30 por ciento al 25 por ciento la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas, y aumenta al 35 por ciento la tasa para los grandes compañías, con la intención de instrumentar un sistema progresivo.

Será la primera deliberación luego que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordara con los bloques parlamentarios la renovación del protocolo de funcionamiento hasta el 23 de junio, lo que permitirá emitir dictamen y llevar a cabo la sesiones a través de una modalidad mixta-presencial, y remota para los grupos de riesgo.

El tema clave de la sesión será la postergación de las PASO del 8 de agosto hasta el 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre, un aplazamiento que en caso de aprobarse implicará que los nuevos legisladores electos estarán definidos a mediados de noviembre.

El recambio legislativo debe concretarse el 10 de diciembre.

Mientras el Congreso se apresta a modificar las fechas del llamado a las urnas, el Ejecutivo ya puso en marcha el calendario electoral, a través de un decreto, con el cronograma previsto inicialmente.

Sin embargo, en la Casa Rosada aguardan la sanción de la ley para correr los plazos que ya están rigiendo y amoldarlos a la norma que se apruebe en el Parlamento.

El proyecto para postergar un mes las PASO y las generales fue gestado a partir de un acuerdo general del oficialismo, en el que trabajaron varios funcionarios y referentes legislativos del Frente de Todos con la conducción de Juntos por el Cambio, que en Diputados encabeza el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba).

Una de las condiciones que hizo posible el consenso entre las partes fue la incorporación de una cláusula, pedida por la oposición, en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.

En su artículo 6, el proyecto fija que "la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional".

Ese acuerdo pudo observarse el jueves pasado en la última reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, en la que se emitió un dictamen que fue firmado por la mayoría de los partidos políticos. 

En esa ocasión, el titular de la comisión, el diputado Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos-La Pampa), destacó "el consenso y el diálogo profundo al que se arribó, luego de algunas idas y vueltas, y del que surge este proyecto con un cariz de racionalidad en el marco de esta pandemia".

Y en el mismo sentido agregó: "Existe una gran responsabilidad al poner en tratamiento este proyecto, que es producto del fruto y del consenso de todas las fuerzas de la cámara: por eso, por esta única vez, y sólo en este contexto de pandemia, se trasladarán las fechas de las PASO y de las generales".

En representación del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Gustavo Menna (UCR-Chubut) expresó: "Coincidimos en el proyecto, pero lamentamos que no se haya avanzado con la boleta única de papel, para mantener este sistema arcaico y perimido".

En sus fundamentos, el proyecto que posterga por un mes el cronograma electoral plantea que "el aplazamiento de la celebración de los comicios a meses con temperaturas más elevadas permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios".

La iniciativa también hace referencia a que "durante ese lapso de tiempo adicional se continuará avanzando con la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el Estado Nacional junto a las veinticuatro jurisdicciones, coadyuvando a un mejor cuidado de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con su deber cívico".

Sobre las potestades y mayorías legislativas que se requieren para hacer cambios en el calendario de elecciones, el proyecto que se tratará esta semana recuerda que en base al artículo 77 de la Constitución "es potestad exclusiva del Poder Legislativo decidir las modificaciones que se realicen al régimen electoral y de partidos políticos" y asimismo subraya que los eventuales cambios deben ser aprobados "por mayoría absoluta total de los miembros de ambas Cámaras del Congreso".

Reforma del Ministerio Público Fiscal

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar el martes próximo en un plenario de comisiones con el dictamen del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que elimina el cargo vitalicio del procurador general de la Nación y establece un mandato de cinco años.

El debate de la iniciativa se realizará el próximo martes a las 19 en un plenario de las comisiones de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos).

El oficialismo confía en emitir el dictamen de comisión ese día y tratarlo la semana siguiente en el recinto de la Cámara baja, según informaron a Télam fuentes parlamentarias.

El proyecto del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.

El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro de Justicia Martín Soria.

Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.

Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (1 por la mayoría y 1 por la minoría), un representante del consejo interuniversitario nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer).

En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al Procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones.

Los diputados avanzarán en la discusión del proyecto luego de que el viernes pasado el plenario retomó la discusión de la iniciativa, sin la presencia de los representantes de Juntos por el Cambio, que optaron por retirarse del plenario por no compartir la metodología adoptada para el tratamiento de la iniciativa ni la cuestión de fondo.

La conducción de Juntos por el Cambio decidió adelantar para esta noche la reunión de esa fuerza opositora para definir si concurrirán al plenario del próximo martes a pedido del interbloque de Juntos por el Cambio.

"Desde la mesa de conducción del Interbloque JxC pedimos que se adelante para este domingo la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. El kirchnerismo quiere sacar el martes dictamen exprés de la reforma del Ministerio Público Fiscal.¡La Justicia está en peligro!", publicó en Twitter el titular de la bancada de la UCR, Mario Negri.

Si bien Juntos por el Cambio rechazará el proyecto, el oficialismo tiene los votos asegurados para emitir el dictamen de comisión ya que contará con el aval de legisladores de bloques provinciales como el de Unidad Federal para el Desarrollo, que lidera José Luis Ramón.

El diputado mendocino, que se reunió días atrás con Soria para analizar proyectos de ley vinculados con la mejora del servicio de justicia y, en particular, del Ministerio Público, consideró que existe una necesidad de resolver la situación irregular de la Procuración General de la Nación.

En el plenario del viernes, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una Procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

En tanto, desde el Frente de Izquierda anticiparon a Télam que aún no definieron la posición que adoptarán en el plenario y en el recinto.

Días atrás, el ministro de Justicia, Martín Soria, recordó que "la ley actual fue producto de una decisión coyuntural que se sancionó en el Congreso en 1997", al considerar que "debe ser modificada ante el profundo cambio de paradigma que supone el paso al sistema acusatorio qué estamos llevando adelante".

Soria afirmó en ese sentido que "no se han podido lograr los consensos para elegir Procurador (General de la Nación) y por eso seguimos transitando el interinato más largo de la historia".

Actualmente, el titular interino de la Procuración General de la Nación (jefatura de los fiscales) es Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, designada por acuerdo del Senado.

Casal fue ratificado en ese cargo en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri.

Otro aspecto relevante de la iniciativa es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

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