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WASHINGTON
El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció ayer su propuesta presupuestaria con un gasto público de 6 billones de dólares para el año fiscal 2022, el nivel más elevado desde la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de reactivar la economía nacional tras los importantes efectos de la pandemia del coronavirus.
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En el documento enviado al Congreso de EE UU, Biden argumentó que este presupuesto “refleja que la mejor manera de hacer crecer la economía no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba y del medio hacia afuera”, haciendo alusión a la necesidad de “reconstruir” la clase media estadounidense.
“Nuestra prosperidad proviene de las personas que se levantan todos los días, trabajan duro, cuidan a su familia, pagan sus impuestos, sirven a la nación y son voluntarios en sus comunidades”, señaló el mandatario.
El plan publicado por la Casa Blanca incluye tres importantes propuestas de gasto ya anunciadas por Biden: el Plan de Empleo Estadounidense, de 2,3 billones de dólares; el Plan de las Familias Estadounidenses, de 1,8 billones, y 1,5 billones destinados a gastos discrecionales para el año fiscal 2022.
En las finanzas públicas estadounidenses, el gasto discrecional es el gasto del Gobierno, que se implementa a través de un proyecto de ley de asignaciones que se tiene que aprobar en el Legislativo.
La primera solicitud presupuestaria de la era Biden apuesta por dar un espaldarazo a los trabajadores, las familias y las empresas mediante el aumento de impuestos a las clases altas y las grandes corporaciones, según la oficina presidencial.
La Administración de Biden bautizó su propuesta como “Construyendo de nuevo mejor” y quiere poner el acento en áreas como las infraestructuras, la investigación científica, la lucha contra el cambio climático, la creación de empleo, las pequeñas y medianas empresas y la industria manufacturera, entre otras prioridades.
En el documento, la Casa Blanca insiste en que este presupuesto “aumentará la prosperidad económica durante la próxima década” de las familias de los estadounidenses de a pie, mediante un plan de subida de salarios e incremento de las contrataciones.
Biden presentó esta iniciativa en un momento en el que la creación de empleo se frenó de forma inesperada en Estados Unidos en abril con 266.000 nuevos puestos de trabajo frente al millón esperado por los analistas.
La tasa de desempleo, que el pasado año pasó del 3,5 % en febrero al 14,7 % en abril -cuando tuvo un mayor impacto la pandemia de la Covid-19- ha ido disminuyendo cada mes desde entonces y en los cuatro primeros del año se situado en torno al 6 por ciento.
En términos de recaudación, el presupuesto exige aumentar los impuestos para los más ricos y las grandes corporaciones para pagar el costo de las propuestas de gasto público de Biden.
Esta subida comenzarían a reducir los déficits presupuestarios para 2030 y recortarían en unos 1,7 billones de dólares las proyecciones actuales para 2041, de acuerdo a los cálculos de la Casa Blanca, que aseguró que este plan pondrá al país en un “curso fiscal responsable”.
De hecho, el presupuesto de Biden calcula para 2022 un déficit de 1,8 billones de dólares, la mitad del déficit récord de 3,6 billones esperado para este año.
“Los componentes clave del plan fiscal incluyen una tasa impositiva corporativa del 28 por ciento, un impuesto mínimo global y medidas para prevenir deslocalizaciones de las multinacionales”, señalaron los expertos económicos del Gobierno.
La propuesta de Biden encarará con toda seguridad la negativa frontal de la oposición republicana en Congreso, donde deberá ser aprobado para ver la luz.
Actualmente, el Gobierno demócrata y los republicanos en el Congreso se hallan inmersos en complejas negociaciones sobre el plan de infraestructura presentado por el mandatario y valorado en 2,25 billones de dólares.
En un gesto de cara a la oposición, Biden redujo la pasada semana el monto del plan a 1,7 billones, aunque los conservadores han rechazado esa cifra al considerarla excesiva.
En su lugar, los republicanos en el Senado hicieron este jueves una contraoferta de 928.000 millones de dólares, en la que subrayan que los fondos deben ir destinados exclusivamente a lo que es considerado como infraestructura tradicional, como puentes, carreteras y aeropuertos.
“Vamos a negociar con ellos durante la próxima semana”, anticipó a los periodistas la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. (EFE)
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