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Opinión |Editorial
La escalada de usurpaciones de tierras en los últimos 150 días

La escalada de usurpaciones de tierras en los últimos 150 días
3 de Mayo de 2021 | 01:06
Edición impresa

La advertencia sobre una escalada de tomas de tierras en los últimos 150 días en el país, “principalmente en el Conurbano bonaerense y en La Plata” –formulada hace pocas jornadas por la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires- en una situación que, según indicó, se ha tornado “preocupante”, volvió a poner sobre el tapete el grave problema de las usurpaciones.

A la vez que rechazó con dureza esta modalidad ilegal, la Cámara reclamó a las autoridades que se tomen urgentes medidas para “desalentar tales prácticas” ya que, advirtieron, “su generalización de seguro aparejará nefastas consecuencias que, mediante el imperio de la ley y la justicia, deben ser evitadas”, tal como se desprende del comunicado publicado en este diario.

En cuanto a lo que ocurre en nuestra zona, la entidad aludió con enorme preocupación a lo que acontece en la llamada “megatoma” de Los Hornos, en las 150 hectáreas que van de 76 a 90 y desde 141 a 155 antiguamente de propiedad del Club de Planeadores, ocupadas ilegítimamente, en las que “después de 14 meses y cuarentena de por medio, ahora el predio se lo adjudicaron más de 2.500 familias que se distribuyen con prolijas estacas y alambrados las posesiones de 10 x 30 y 10 x 40. Es una práctica extendida en la capital bonaerense que registra 268 nuevos asentamientos informales en los últimos 3 años, lo mismo ocurre en otros distritos de la región”.

Se indicó que empujadas “por la prepotencia del hecho consumado, las autoridades decidieron planificar una urbanización y desistieron de la idea inicial del desalojo” y, como se sabe, se proyecta avanzar con una urbanización.

El vicepresidente de la Cámara señaló que las intrusiones suelen darse “inclusive en algunas tierras donde sus legítimos dueños se están preparando para un loteo privado y otras de propiedad estatal, donde, sin mediar aviso alguno y de madrugada, llegan camiones con familias conformadas de distinta manera” y a las cuales “se suman los aprovechadores de siempre”, quienes “demarcan una zona, ponen unas chapas y maderas para marcar territorio y decir, esta parcela es mía”. Por cierto, se sabe que en muchos casos las mafias a cargo de las tomas comienzan a “vender” esas tierras a bajo precio, pero es tal su cantidad que el “negocio” resulta muy lucrativo.

Ante una situación que no sólo no es combatida sino que se expande, la Cámara Inmobiliaria bonaerense salió cuestionar también a la Justicia, que, según la entidad, no realizaría las actuaciones debidas para ponerle freno a las ocupaciones ilegales. “Haría faltar una rápida intervención del Fiscal de turno, aplicando la ley en resguardo de los intereses de los privados/propietarios y del propio Estado y la fuerza policial, que con idoneidad y responsabilidad, deberían logran detener dichas ocupaciones y en algunos casos, custodiarlas”, consideraron.

Debe reiterarse lo dicho tantas veces: el Estado, que brega para imponer el orden en todos los quehaceres, permite en este caso la anarquía, el arrebato, la evasión impositiva, el asentamiento habitacional privado de servicios públicos y, asimismo, las inevitables derivaciones caóticas que supone toda ocupación de tierras. Es el Estado el que le da luz verde a la anomia y, por cierto, las consecuencias son extremadamente negativas para el verdadero progreso y bienestar de la población.

Ninguna ciudad debe permitir que se irradie un urbanismo caótico, que perjudica en forma integral a la sociedad. Bien se conoce que, tanto los intrusos como los vecinos históricos terminan por sufrir, a partir de una toma ilegal, toda clase de problemas y privaciones, sea por la profusión de conexiones clandestinas a las redes de luz, agua y cloacas, o por la inexistencia de las principales redes de servicio.

Se ha dicho también que uno es el problema complejo, nutrido de diversas urgencias, planteado para quienes no pueden acceder a una vivienda propia, pero que es el Estado el que debe ocuparse por otras vías de enfocar y resolver esa cuestión. Otra cuestión y muy distinta es que se permita –como ocurre en muchos de los casos- el vale todo, el despojo, el accionar de bandas dedicadas a robar propiedades inmuebles.

 

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