La Justicia bonaerense tiene para resolver al menos tres planteos realizados contra la suspensión de las clases presenciales dispuestas por el gobierno de Axel Kicillof, en esta nueva etapa, hasta el 21 de mayo. Uno de ellos está en manos de la Suprema Corte y los dos restantes en juzgados Civiles y Comerciales de San Isidro.

Quienes encararon la ofensiva judicial para el retorno de las clases presenciales fueron los intendentes de Vicente López, Jorge Macri y de San Isidro, Gustavo Posse. La presentación restante corrió por cuenta del abogado Diego Isabella, en representación de dos parejas de padres de Tigre.

Macri presentó una acción de amparo ante el juzgado federal de San Martín, que se declaró incompetente para entender en la acción presentada por considerar que la misma debía ejercerse exclusivamente contra la provincia de Buenos Aires y no contra el Estado nacional. Cabe acotar que el gobierno de Axel Kicillof adhirió al decreto del Presidente que estableció restricciones en el marco de la pandemia, entre ellas, la suspensión de las clases presenciales en el Conurbano y La Plata. Así, la causa recayó en el juzgado Civil y Comercial 12 de San Isidro.

Pero ese tribunal también se declaró incompetente y le giró el expediente a la Suprema Corte. El alto tribunal, en tanto, se lo devolvió por considerar que no existía una disputa de competencia entre la Provincia y el municipio, sino que se trataba de una impugnación de lo dispuesto por la Provincia en dos reglamentos.

Ahora, la causa volvió al Juzgado Civil y Comercial Nº 12, donde Macri insistirá con el dictado de una cautelar para que vuelvan las clases en su distrito y aportará documentación adicional. “Lo que estamos haciendo es respondiendo a una solicitud de la jueza, informando y proponiendo medidas para transportar a los docentes, brindar los testeos necesarios y contando la capacidad hospitalaria que atender casos de Covid”, dijeron en la comuna de Vicente López.

La otra causa, la presentada por Posse, siguió un camino parecido. También fue devuelta por la Corte provincial al tribunal de primera instancia, en este caso, el juzgado Civil y Comercial Nº 16 de San Isidro, quien todavía no se expidió.

El tercer planteo judicial es el impulsado por padres de alumnos de Tigre, que está en manos de la Corte. En este caso, se planteó la inconstitucionalidad del decreto de Kicillof y se pidió el dictado de una medida cautelar.

El alto tribunal no consideró admisible la cautelar, pero al mismo tiempo no se expidió sobre la acción de fondo, es decir, sobre la constitucionalidad del decreto del mandatario bonaerense.

La Corte sostuvo al rechazar la medida cautelar que no se cumple ”el requisito de verosimilitud”, ya que es el decreto nacional y no el de Kicillof “el que dispone la medida desencadenante del conflicto”.

De esta forma, más allá del fallo de la Corte nacional en el conflicto entre Capital Federal y la Nación, en la Provincia las demandas van por cuerda separada. Y, todavía, sin resoluciones firmes.