Con los partidos entre Brasil-Venezuela y Colombia-Ecuador, la controvertida 47º edición de la Copa América se pondrá en marcha hoy sin público en Brasil, una sede designada de urgencia y confirmada definitivamente hace horas luego de un debate nacional del que participaron sectores del ámbito deportivo, político, social y judicial.

El torneo de selecciones más antiguo del mundo se jugará en un país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en número de víctimas por Covid-19 (casi medio millón de fallecidos), el tercero en contagios (17,3 millones) y que espera una tercera ola del virus durante la fecha de la competencia, según su observatorio sanitario oficial.

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El laboratorio Fiocruz, vinculado al Ministerio de Salud, alertó que el escenario actual de la pandemia es de “alto riesgo” con la mayor parte del país en situación hospitalaria crítica debido a una ocupación de camas de terapia intensiva superior al 80% y recomendó tomar fuertes medidas de prevención durante las próximas semanas.

Será la segunda vez que la Copa América repita su sede de la edición anterior desde que Uruguay la albergó dos veces 1923 y 1924, a menos de una década de su nacimiento (1916), cuando apenas participan cuatro equipos nacionales.

Brasil asumió su organización hace menos de dos semanas, amparado en la infraestructura y la capacidad operativa que dispone desde la celebración del Mundial 2014 y la propia Copa América en 2019.

El Gobierno de Jair Bolsonaro salió al rescate de la Conmebol el pasado lunes 31 de mayo después la baja de las dos sedes originales: Colombia, envuelta en un conflicto social, y la Argentina, golpeada por la segunda ola de coronavirus.

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A partir de entonces la organización del torneo se convirtió en un tema de la agenda sociopolítica brasileña. La primera reacción se registró entre los gobernadores de los diferentes estados cuando algunos de ellos, con San Pablo a la cabeza, se opusieron a recibir partidos por la gravedad de la situación.

Tampoco abrieron sus puertas otras plazas de tradición futbolística como Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife o Fortaleza, todas sedes del Mundial hace siete años, por lo que el mapa de la Copa quedó reducido a cuatro ciudades alineadas con Bolsonaro: Río de Janeiro, Brasilia -capital política-, y el cinturón sojero compuesto por Goiania, capital de Goiás, y Cuiabá, capital de Mato Grosso.

A la disidencia política se le sumó luego la polémica dentro del seleccionado local, cuya participación recién fue confirmada el martes con un manifiesto difundido tras el partido con Paraguay por las Eliminatorias.

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Antes de ese comunicado, los rumores de boicot y de renuncia de Tite circularon con fuerza, acompañados por manifestaciones de objeción hacia la Copa provenientes de otros equipos.

El DT Lionel Scaloni reconoció que Brasil no era “el lugar ideal” para jugar; Sergio “Kun” Agüero coincidió al marcar que que en ese país “está complicado” por la pandemia; el uruguayo Luis Suárez admitió su sorpresa por el cambio y su compatriota Edinson Cavani cuestionó la falta de “voz y voto” de los jugadores en las decisiones.

El malestar en la “Canarinha” surgió el propio día de la designación de la nueva sede porque horas antes el plantel había recibido la visita del presidente de la Confederación Brasileña, Rogério Caboclo, quien no hizo referencia a esa posibilidad.

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Tres días después, el dirigente volvió a la concentración del equipo y con un tono imperativo exhortó a los futbolistas a subordinarse a las determinaciones de la Conmebol, lo que aumentó la tensión.

Ese conflicto con el mandamás del fútbol brasileño se disipó días más tarde cuando Caboclo fue suspendido del cargo por una denuncia de acoso moral y sexual.