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Miles de habitantes del Gran La Plata han sufrido, una vez más, las consecuencias de las pésimas prestaciones de los servicios de las empresas encargadas del suministro de agua y electricidad. Es cierto que existen otros servicios, como el de la seguridad pública, cuyas deficiencias también generan peligros para los residentes de la Región
Los científicos de todas las naciones advierten desde hace años que el cambio climático se acelera, y eso puede observarse en la reducción y hasta desaparición de los glaciares de la Patagonia y en el notable incremento de las precipitaciones pluviales, que han causado pérdidas económicas e incluso de vidas
La prestación del servicio eléctrico está a cargo de la concesionaria EDELAP (Empresa de Electricidad de La Plata), que ha sufrido reiterados cambios en la propiedad y, por lo tanto, en su administración, sin que ello haya significado mejora alguna. Apenas se superan los 31º de temperatura, el mayor consumo de energía motiva cortes, como si ese hecho fuera una anomalía sin antecedentes. Se trata de una situación crónica que causa perjuicios de toda clase a los habitantes y a la actividad económica de toda la Región.
En relación con este tema, desde estas columnas se han repetido los relatos sobre el sufrimiento de las personas electrodependientes, de los adultos mayores que viven en edificios y de los vecinos que, para aprovisionarse de agua, deben esperar el paso de camiones aguateros. Se trata de una circunstancia que los retrotrae a condiciones de vida de más de 100 años atrás. Son situaciones que han ocurrido tantas veces que resultan conocidas incluso para quienes normalmente no las padecen.
Sin embargo, en los últimos días, cuando llegaron a registrarse temperaturas de 38º centígrados, grandes barriadas se vieron absolutamente alteradas por la falta de electricidad, que consecuentemente producen más cortes en el suministro de agua. Evidentemente, EDELAP goza de los privilegios de un contrato de concesión que no determina sanciones adecuadas, o de la indolencia de los organismos del Estado encargados de controlar la eficiencia en la prestación del servicio.
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El año pasado, EL DIA puntualizó que el ente que debería aplicar las sanciones parece constituirse en un organismo que asume la aceptación de las carencias de las instalaciones, que deberían servir para que la electricidad llegue a todos los hogares.
Las críticas a EDELAP no están basadas en un prejuicio contra la participación del sector privado, como lo demuestran las reiteradas publicaciones de las críticas y reclamos cotidianos que formulan desde estas columnas los habitantes del Gran La Plata por las dificultades que generan las deficiencias de la empresa estatal, que tiene a su cargo el suministro de agua a los hogares: Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).
Por supuesto, debe reconocerse la inestabilidad de sus directivos, porque cada gobierno renueva muchas veces sin atender a que cuenten con antecedentes laborales o de conducción en este tipo de empresas, hecho que contrasta con la situación de algunas cooperativas que, en menor escala, pero con mayores problemas de financiamiento, desarrollan esa tarea incluso en algunas barriadas del Gran La Plata. También debe reconocerse que el personal de ABSA ha tenido, a través de su sindicato, la posibilidad de influir en muchos aspectos, aunque ello no implica que sea responsable de los problemas.
Ocurre que los consumidores no tienen ninguna incidencia ni influencia sobre el manejo de este servicio, cuyo titular es la Provincia de Buenos Aires. Tal vez se requiera un cambio fundamental: que la empresa sea propiedad de los tres municipios del Gran La Plata, de modo que los vecinos cuenten con un poder más cercano que atienda adecuadamente los más que justificados reclamos.
Son los habitantes de la Región quienes pagan en forma directa por el servicio, o indirectamente a través de los impuestos, para cubrir el déficit de ABSA. Por otra parte, las deficiencias del servicio afectan solo a aproximadamente el 40 % de los habitantes del Gran La Plata, ya que la mayoría aún no cuenta en sus hogares con agua por red, ni tampoco con cloacas, lo que contamina las napas.
Debe advertirse que un alto porcentaje de los habitantes de la Región extrae agua de las napas y que, por el elevado costo que implica el pozo y la bomba que deben instalarse, extraen el líquido de las capas más superficiales, que son las más contaminadas.
Agua y electricidad están directamente vinculadas con la salud pública y constituyen requisitos mínimos para que los vecinos tengan una calidad de vida mínimamente aceptable. Todo lo ensayado hasta ahora en este campo ha llevado al fracaso evidenciado por las vicisitudes de hace dos días, aunque, aún sin altas temperaturas, los problemas en la prestación de ambos servicios también se repiten con frecuencia.
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