Debe ponerse freno a la proliferación de armas y a la justicia por mano propia

Jaqueada por una ola delictiva cada día más persistente y violenta, no existen dudas de que la población necesita que los organismos del Estado con incumbencia directa en el tema -entre otros, la Policía, las fuerzas de seguridad y la administración de justicia- vuelvan mucho más eficiente y rápido su accionar.

De otro modo, se intensificarían dos tendencias negativas en la sociedad, que se traducen en la mayor tenencia de armas en la población civil y en los actos de justicia por mano propia.

El problema no es de ahora sino que se remonta a muchos años atrás y se puede traducir en el hecho de que el Estado ha concluido por delegar tácitamente algunas de sus funciones esenciales en materia de seguridad, en las que el poder público perdió parte de una gravitación que debiera ser excluyente.

La falta de presencia policial en las calles es una de ella. Así, a la larga lista de asaltos en sus modalidades callejeras, en casas o comercios, se va oponiendo la acción de no pocas víctimas y testigos que reaccionan ante el delito y deciden aplicar la sanción en forma instantánea, sin esperar la presencia policial y la acción de la justicia.

En nuestra ciudad se conocieron muchos episodios representativos de esa tendencia, además de haberse hecho pública, en diversas oportunidades, la advertencia de que en algunos lugares los pobladores se están armando, como ocurre en sectores del cordón hortícola platense.

Lo cierto es que episodios policiales terribles, con desenlaces trágicos y dramáticos, se reiteran en todo el país desde hace años.

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Como secuela de muchos homicidios o robos se han registrado también intentos de linchamiento, en una situación que inclusive se reflejó en citas previas a través de las redes sociales para que, quienes así lo sintieran “justo”, participaran de las golpizas a los presuntos delincuentes.

Es verdad que al estado de desamparo que sufren muchos vecindarios se suma, asimismo, el sentimiento generalizado de que la impunidad será, finalmente, el destino que le espera a algunos malvivientes detenidos, a los que suele aguardarlos una lista de beneficios procesales, que empiezan por la “puerta giratoria” y siguen con un frondoso catálogo de beneficios penitenciarios, que van desde el uso discrecional de reducciones de condena hasta otorgamientos de salidas transitorias a detenidos que, a los pocos días, vuelven a delinquir.

Se está, asimismo, ante la presencia cada vez más ostensible de armas de fuego en la vía pública.

Esto se traduce, si se quiere inevitablemente, en tiroteos, asaltos con revólveres o pistolas y, también, en delincuentes abatidos por vecinos o efectivos policiales al intentar cometer algún tipo de delito.

El tema tampoco es nuevo. De acuerdo a las estadísticas aportadas hace doce años por el entonces ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense, surgía que existían aproximadamente, en promedio, un arma por cada treinta habitantes de la Provincia. Esta proporción era considerada entonces muy elevada.

Ni lo uno, ni lo otro. Llegar a suponer que cualquier habitante se encuentra autorizado para golpear, herir o matar a presuntos delincuentes, constituye un grave desvío y una ilicitud penada por la ley.

También lo es permitir que gran parte de la población civil disponga de armas de fuego que, en muchos casos, ni siquiera sabe manejar.

Ha sido muy sostenido en estas décadas el esfuerzo realizado para encarrilar al país en los marcos normativos, que deben ser respetados sin excepciones por todos los habitantes.

Le incumbe al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad la tarea de velar por la vigencia de las normas legales.