El gobierno bonaerense se reunió con los representantes de los trabajadores judiciales en el marco de la paritaria y realizó ayer una propuesta salarial que será analizada en asambleas el próximo lunes.
Según detallaron, la reunión fue encabezada por el Ministro de Hacienda y Finanzas Pablo López, y participaron además funcionarios y funcionarias del gobierno y de la Suprema Corte, y representantes del sindicato.
De acuerdo a lo manifestado por distintas fuentes, durante el encuentro el Ministro López formalizó una propuesta que al 34 por ciento acordado para el mes de septiembre se adiciona un 1,7 por ciento a la bonificación o compensación funcional. Además la oferta contempla un incremento de bolsillo acumulado del 41,5 por ciento a partir del 1 de octubre y del 45,5 por ciento desde el 1 de noviembre. Así también establece la reapertura de la negociación salarial en el mes de diciembre para discutir el cierre del año 2021.
Esto implica que las y los trabajadores judiciales percibirían en el mes de septiembre un incremento del 3 por ciento sobre el básico y un 1,7 por ciento de la bonificación o compensación especial; un 6 por ciento con los haberes de octubre y un 4 por ciento con el salario de noviembre, calculados sobre los salarios básicos de diciembre de 2020.
Los representantes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) solicitaron que en el caso de que la propuesta sea aprobada, el incremento salarial correspondiente a septiembre sea liquidado a las y los jubilados y pensionados con los haberes a percibir a fines del mes en curso.
Respecto del reclamo del sindicato de establecer un régimen permanente de transformación de cargos de tres últimos niveles del escalafón, el secretario de Personal de la Suprema Corte Daniel González especificó que se realizará la adecuación de la escala salarial de los niveles 9 y 10 de las y los trabajadores que hayan cumplimentado los requisitos desde el 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2021. Así también, la propuesta del máximo Tribunal contempla el establecimiento de un nuevo régimen de promociones a partir de 2022 que incluye el requisito de realizar una capacitación previa.
Cabe aclarar que estas recategorizaciones abarcan a las y los empleados de Administración de Justicia y Ministerio Público, de todos los agrupamientos del Poder Judicial (maestranza, mantenimiento, administrativo y técnico).
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