El Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, sumó ayer un foco de tensión a las ya intrincadas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la refinanciación de la deuda por 44 millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri.
Es que Zannini, fiel escudero de Cristina Kirchner y representante del kirchnerismo duro que más critica al Fondo, se presentó en las últimas horas en la Justicia para que cite a declarar a los directivos del organismo de crédito que hace cuatro años aprobaron el préstamo a la Argentina.
El pedido fue cursado hace unas semanas ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que es la que lleva la causa que impulsa el Gobierno contra Macri y exfuncionarios “por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. Pero trascendió ayer, apenas tres días antes de que la Argentina deba iniciar un cronograma de pagos con el Fondo que incluyen 731 millones de dólares el viernes; 365 millones de dólares el próximo martes y otros 3.000 millones de dólares en marzo. Todo en un contexto de reservas escasas y tensión cambiaria y mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene ante sí la difícil empresa de acercar posiciones con Washington.
Lejos de aportar a la conciliación con el organismo crediticio, el escrito presentado por Zaninni pidió las indagatorias de Roberto Cardarelli, a cargo de la misión del FMI en la Argentina cuando se recibió el crédito. Además, reclamó las citaciones de Yan Carrière-Swallow, Joyce Cheng Wong, Paolo Dudine, Jeta Menkulasi, Marcos Souto y Romain Veyrune.
Se trata del mismo expediente en el que el Gobierno denunció a los ex ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo y a los extitulares del Banco Central, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
La estrategia empleada por Zannini parece ir en línea con la postura de Cristina Kirchner, que días atrás, mientras el canciller Santiago Cafiero peregrinaba por Estados Unidos en busca de apoyos, publicaba una dura carta contra el Fondo.
El quid de la cuestión, allí donde las partes no se ponen de acuerdo, estriba en la velocidad de la reducción del déficit fiscal que el FMI quiere apurar y sobre el que el oficialismo (sobre todo el kirchnerismo) se muestra reticente.
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