Subsidios, en la mira: el FMI apunta a la reducción

El acuerdo celebrado con el FMI (Fondo Monetario Internacional) volvió a poner en relieve viejas cuestiones problemáticas de la economía argentina: el gasto público y la emisión monetaria, dos de los exigentes compromisos que asume combatir el Gobierno de Alberto Fernández ante el organismo en el propósito de equilibrar las cuentas fiscales y a su vez de hacerse de dólares y de liquidez para poder afrontar la renegociación de los más de 44 mil millones de dólares.

Esos son los dos grandes desafíos que se fijaron por delante en las tratativas que encabezó el ministro Martín Guzmán ante los revisores del FMI. Y dentro del gasto público están los subsidios a los servicios públicos, en áreas que controlaría el kirchnerismo.

Ayer vía Twitter, la consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios del organismo crediticio, Gita Gopinath, dijo que “el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un entendimiento sobre políticas clave, incluida una vía fiscal para mejorar de manera gradual y sostenible las finanzas públicas, reducir el financiamiento monetario y reducir el déficit primario a 0 para 2025”, y agregó: “Se continuará trabajando para llegar a un acuerdo a nivel de personal” para el acuerdo, que estará sujeto a la aprobación del Ejecutivo de la entidad que preside Kristalina Georgieva.

Pero fue más puntual la ejecutiva del Fondo: “Estuvimos de acuerdo en que será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva.

El año pasado, los subsidios a la Energía representaron 2,4 por ciento del PBI mientras el déficit fiscal fue de 3,1 por ciento del PBI. Para 2022, Guzmán había proyectado que los subsidios al sector representarían 1,5 por ciento del PBI, claro que habría que ver si el kirchnerismo está de acuerdo, que busca aumentos que no superen el 20 por ciento en luz y gas, además de instalar una segmentación social.

Mientras, hoy será un día clave para la tarifa del gas, con la realización de una audiencia pública en que se tratará qué porcentaje del precio del gas natural en el llamado “Punto de Ingreso al Sistema de Transporte” (PIST) asumirá el Estado nacional pagando subsidios en el marco del “Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino” .

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Si bien ese precio no define del todo lo que deben pagar los usuarios finales, tanto residenciales como comerciales e industriales, es determinante para el resultado final, pues es dudoso que transportadoras y distribuidoras absorban el aumento del costo del gas, aseguran.

Un documento técnico de la secretaría de Energía -que responde en general a Guzmán-, que dio a conocer el portal Infobae, señala que actualmente el Estado absorbe el 70,9 por ciento del costo del gas, mientras los usuarios afrontan el 29,1 por ciento restante.

Ese documento sugiere que las tarifas de gas deberían aumentar entre 34 y 35% si se pretende no aumentar la actual factura de subsidios. Es decir, un casi un 15 por ciento más que se impulsa desde el sector kirchnerista.

Luego de conocerse el acuerdo, que sumó voces a favor y en contra, el Gobierno aseguró que se evitarán medidas de ajuste -lo reiteró ayer Guzmán, ver aparte- en el marco de la renegociación del préstamo. Aunque por otro lado, admitió la escasez de reservas para afrontar los compromisos. Con las cuentas en rojo y con plazos a cumplir, es en donde analistas plantean cómo el Gobierno podrá frenar el gasto público y la emisión de billetes para salir de la crisis de la falta de liquidez, consecuencias en la economía cotidiana.

En ese sentido, el Gobierno evalúa hacia dónde ir en el nuevo contexto. Los analistas, mientras tanto, miran si es posible lograr el equilibrio sin ajustes o recortes.

La incertidumbre con respecto al dólar también alimenta todo tipo de especulaciones. Por un lado los exportadores que tienen a demorar las liquidaciones por venta con la pizarra oficial a 103 pesos. Y por otro, importadores que se apresuran a adquirir bienes e insumos a ese precio, aunque al final del proceso se regirán por el blue.

Una reducción del déficit fiscal entre 2022 y 2023 representaría más de 4 mil millones de dólares anuales. Y estiman que para llegar al déficit cero en 2025 el Gobierno tendría que ahorrar unos U$S13 mil millones.

Cómo sigue

En las próximas semanas, los equipos técnicos de la Argentina -con la supervisión del ministro Guzmán- y del FMI tendrán una intensa y difícil tarea –en especial a lo largo de febrero- para terminar de dar forma a la Carta de Intención, los Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, que deberán luego contar con el aval del Directorio del organismo y el Congreso nacional.

A esta actividad, el titular del Palacio de Hacienda también sumará esta semana el viaje que el presidente Alberto Fernández realizará a Rusia y China a partir del martes, en el que integrará la comitiva que acompañará al jefe del Estado.

El programa de financiamiento que encaran la Argentina y el FMI se denomina de Facilidades Extendidas, que establece para cada desembolso un período de repago de 10 años, con cuatro años y medio de gracia.