Al reciente pedido de informes del fiscal federal Paul Starc a su colega platense Álvaro Garganta, para que le comparta la documentación de una investigación a su cargo, que analiza aparentes inconsistencias en el sistema de registro y cobro de infracciones viales en la provincia de Buenos Aires, se conoció la existencia de un nuevo expediente en el fuero federal, que puso la lupa en el sistema de las fotomultas.
A través de un oficio firmado por el fiscal Jorge Sica, la fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín le solicitó al Ministerio de Transporte bonaerense un informe “pormenorizado” sobre la incorporación de decenas de municipios al Sistema Único de Administración de Infracciones de Tránsito Provincial (SACIT).
Así, mientras las denuncias judiciales se multiplican, las empresas se lanzan acusaciones cruzadas y se avanza en varios frentes sobre posibles maniobras de lavado de activos , asociación ilícita y recaudación irregular en territorio provincial, los conductores continúan atrapados en un sistema severamente cuestionado.
La situación rozaría el escándalo, según advierten algunos observadores judiciales. El esquema de radarización de la provincia está virtualmente sitiado por las investigaciones judiciales en distintas jurisdicciones, con denuncias cruzadas entre empresarios, empresas prestatarias, fundaciones universitarias y otros organismos conectados al negocio vial.
Incluso se dice que se han denunciado inconsistencias en el propio sistema SACIT y por ello el Ministerio de Transporte decidió poner en marcha una auditoría interna no exenta de polémicas.
La conflictividad judicial es enorme. La empresa Tránsito Seguro S.A. aparece mencionada en la causa del fiscal Paul Starc en la Justicia Federal de San Martín.
Al mismo tiempo, Secutrans S.A. quedó bajo investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita en una causa a cargo del juez federal Juan Manuel Culotta.
Como si eso no alcanzara, nuevamente Tránsito Seguro S.A. -junto a Secutrans S.A. y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)- figura en otra investigación por presunta asociación ilícita, esta vez en el expediente que lleva adelante la jueza federal María Servini de Cubría.
En paralelo, la cámara empresarial Cecaitra también quedó en el ojo de la tormenta por una investigación por supuesto lavado de activos impulsada recientemente por el mencionado fiscal Sica.
Y el escenario se vuelve todavía más explosivo en La Plata: ante el fiscal Álvaro Garganta tramitan las denuncias impulsadas por el empresario Leandro Camani (responsable de Secutrans y Tránsito Seguro) contra Cecaitra y TNG Group S.A.
Para muchos la pregunta ya no sería si hay irregularidades. La verdadera pregunta es cómo el sistema sigue funcionando normalmente en medio de semejante nivel de sospechas.
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