Sorpresa por un operativo en el Autódromo Mouras

Un importante operativo federal se desplegó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata durante una jornada automovilística, en el marco de una investigación judicial que involucraría a Hugo Mazzacane, histórico dirigente del Turismo Carretera.

El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Federal mientras se desarrollaban competencias oficiales y generó sorpresa entre equipos, trabajadores y público presente.

Los efectivos ingresaron al predio por orden judicial vinculada a presuntas irregularidades administrativas y de habilitación del circuito.

De acuerdo al reporte oficial, entre 50 y 70 agentes participaron del despliegue, que incluyó inspecciones y recopilación de documentación dentro del complejo deportivo.

Las actuaciones se inscriben dentro de una serie de medidas judiciales que vienen llevándose adelante desde fines de 2025 y que ya habían alcanzado a dependencias relacionadas con la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

En ese contexto, tanto Hugo Mazzacane como su hijo Gastón fueron procesados en una causa federal vinculada a delitos económicos y presuntas maniobras contra el fisco.

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en Hernández

LE PUEDE INTERESAR

Apuñalaron al nieto del “Pata” Medina en Berisso

Según la investigación impulsada por la Justicia Federal de La Plata, se analizan inconsistencias fiscales registradas entre 2021 y 2024 y un presunto esquema destinado a dificultar el cobro de obligaciones tributarias mediante movimientos societarios y patrimoniales.

La causa incluyó embargos millonarios, cuentas bancarias bajo análisis y bienes sujetos a medidas judiciales.

En paralelo, avanza un expediente vinculado a la firma Quilmes Tolosa S.A., donde la Justicia investiga supuestas maniobras de evasión impositiva e insolvencia fiscal fraudulenta.

En las últimas horas se realizaron allanamientos adicionales con participación de fuerzas federales, que secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

De acuerdo con fuentes judiciales, el presunto perjuicio económico al Estado rondaría los 4.000 millones de pesos.

El expediente analiza transferencias patrimoniales, operatorias comerciales y posibles mecanismos de ocultamiento de activos.

Si bien el avance de las investigaciones generó fuerte repercusión en el ámbito del automovilismo nacional, desde tribunales remarcan que la causa continúa en etapa de instrucción y que, por el momento, no existe sanción firme contra los involucrados.

Quien lleva adelante el caso es la fiscal María Laura Roteta, quien fue la que requirió los procesamientos y las cautelares para intentar el recupero del dinero.

Los montos en pugna son cuantiosos, por lo que la defensa, a cargo del abogado platense Alfredo Gascón, hizo los planteos recursivos de rigor, al considerar los embargos desproporcionados y arbitrarios.