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La Justicia apunta al sector por impulsar acciones contra dirigentes políticos. ¿Nexos con el ataque contra la vicepresidenta?
Jonathan Morel, líder de revolución Federal, quedó detenido/archivo
Cuatro referentes del autodenominado espacio Revolución Federal fueron detenidos ayer en el marco de una causa judicial en la que se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
Los detenidos son Jonathan Ezequiel Morel, referente y vocero de Revolución Federal, y los integrantes de ese espacio Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Sabrina Basile, quienes podrían ser indagados hoy.
De acuerdo con el expediente judicial, los sospechosos integran una organización “desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.
Las detenciones de los tres hombres fueron efectivizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, mientras que Basile (ver aparte) se entregó en el tribunal del magistrado en el marco de una investigación a la que se le levantó el secreto de sumario y que fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
Las detenciones no fueron los únicos procedimientos. Hubo allanamientos que incluyeron la sede de la firma Caputo Hermanos, en la avenida Santa Fe al 1300. Esa empresa que pertenece a los hermanos del ex ministro macrista Luis Caputo aparecía haciéndole transferencias de dinero a través de fideicomiso a Morel y sus allegados. La compañía se presentó en la causa para explicar que eran trabajos de carpintería.
La agrupación Revolución Federal quedó en el foco público tras el ataque a Cristina Kirchner. Brenda Uliarte, señalada como coautora del intento de homicidio, participó de una marcha de antorchas en la Casa Rosada el 18 de agosto. Allí las consignas eran “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”. Se lanzaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”, proclamaban. Los integrantes de la agrupación dijeron públicamente que no conocían a Brenda.
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Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como “caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó” el intento de asesinato de la vicepresidenta.
Las detenciones se activaron luego de que Morel emprendiera un viaje en micro a Paraná, lo que para los investigadores implicó un riesgo para la investigación.
Morel fue arrestado en la capital entrerriana, mientras Sosa y Guerra fueron encontrados en sus respectivos domicilios en la provincia de Buenos Aires en el marco de una serie de 11 allanamientos.
En los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos.
En la causa se indica que “el cuadro probatorio alcanzado en marco de este expediente resulta suficiente como para tener por corroborada la actividad desplegada, al menos desde el mes de mayo del corriente año 2022 hasta la actualidad, por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile -entre otras personas aún no identificadas-, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.
Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Pollicita a través de un extenso dictamen que le presentó el martes al juez Martínez de Giorgi, en el que enumeró distintas manifestaciones violentas convocadas por Revolución Federal como así también las declaraciones amenazantes, esgrimidas por sus referentes.
También fueron considerados por el juzgado y la fiscalía los mensajes publicados por los acusados en sus redes sociales, sus expresiones en medios de comunicación .
La vicepresidenta Fernández de Kirchner interviene como querellante en este expediente. En el escrito presentado el lunes pasado, cuando solicitó ser tenida por querellante, la vicepresidenta sostuvo que veía “probable” que existiera algún tipo de vinculación entre la organización y las personas acusadas de haber querido asesinarla.
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