La SIP observa una libertad de prensa en retroceso en América

Censura, persecuciones, asesinatos, pero también la pérdida de sostenibilidad de las empresas por la pandemia y el avance de las grandes plataformas constituyen una mezcla que “debilita la democracia en las Américas”, que hoy necesita “más que nunca un periodismo fortalecido y protegido por la sociedad”.

Son las conclusiones a las que ha llegado la 78 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunida en Madrid desde el jueves, que ha elegido a Michael Greenspon, del New York Times, como su nuevo presidente hasta 2023, cuando se celebrará en Ciudad de México.

La SIP ha condenado el “preocupante y franco retroceso” de la libertad de prensa en el continente, una realidad evidenciada por el aumento de los asesinatos de periodistas y la “intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial”.

Han sido los 25 asesinatos de los últimos seis meses -40 desde la última Asamblea de hace un año- los que más indignación ha levantado en los más de 200 editores reunidos. México es el país con el mayor número, hasta 11; a los 20 asesinados el último año ha ido el Gran Premio Libertad de Prensa, en calidad de homenaje póstumo.

Junto a los asesinatos, “la persecución mediante intimidaciones y la criminalización judicial” ha llevado al exilio a 29 periodistas y a prisión, muchos en “condiciones infrahumanas”, a otros 15. El caso de Nicaragua “sigue siendo el más alarmante”: Seis periodistas están en prisión, dos trabajadores del diario La Prensa están detenidos y 15 exiliados, con lo que ya son 150 en cuatro años.

Cuba es otro “protagonista crítico de exilios y detenciones”; la isla mantiene encarcelados a un periodista y dos influencers, cuatro ciudadanos están detenidos por criticar al gobierno en redes, tres comunicadores independientes se exiliaron y a otros 20 “se les ofertó salir con la amenaza de no regresar”.

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Motivos por los que le ha dedicado otra de sus resoluciones -además de a Nicaragua, Haití, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Venezuela-, en la que condena “la represión sistemática a la prensa independiente” y el hostigamiento que “ahogan a diario la libertad de expresión”, exigiendo a sus mandatarios “respeto a la prensa extranjera que busca acceso a las fuentes informativas”.

Venezuela ha cerrado 41 radioemisoras y ha intensificado “su ofensiva contra el libre acceso de la información” bloqueando webs de medios nacionales e internacionales y creando incluso una “controversia” con Movistar por dar cumplimiento a “intervenciones antidemocráticas” ordenadas por el gobierno.

A los editores les preocupa el “serio deterioro” de la seguridad de los informadores como consecuencia del avance del narcotráfico, especialmente en México, Colombia, Ecuador, Argentina y Paraguay, así como las campañas de desprestigio por parte de los gobiernos.

El escenario principal de estos ataques han sido las redes sociales, y han sido más agudos en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Nicaragua, aunque las campañas presidenciales de Colombia y Brasil han contribuido a un clima de mayor hostilidad con la prensa.

EN ARGENTINA

Sobre Argentina, la organización sin fines de lucro dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa alertó de un “enrarecimiento del clima para el ejercicio del oficio periodístico” y lo vinculó al avance de las causas por presunta corrupción contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Según el documento, esas causas judiciales han incrementado “la intensidad del discurso del ‘lawfare’” por parte del oficialismo, que plantea la connivencia de la prensa crítica, parte de la Justicia y miembros de la oposición en la presunta persecución a la también expresidenta.

Unas imputaciones que aumentaron, de acuerdo al informe- su “tono” tras el atentado contra la Vicepresidenta perpetrado el pasado 1 de septiembre, con el despliegue de “una peligrosa campaña” contra algunos medios de comunicación y periodistas “a los que se pretendió vincular con el ataque”.

En este sentido, la SIP vio con preocupación la aparición de algunos proyectos legislativos que, postulando un combate contra los “discursos del odio”, “avanzaban sobre la regulación de contenidos e instalaban mecanismos de censura”.

“Esos impulsos fueron moderados por dirigentes del oficialismo, pero evidenciaron reflejos autoritarios en varios dirigentes de la coalición gobernante”, puntualizó el informe.

ATAQUES A PERIODISTAS

Mientras, el documento aprobado por la Asamblea de la SIP también alertó sobre los ataques sufridos por periodistas y medios de comunicación de Argentina durante los últimos meses, destacando las amenazas contra un canal de televisión de la ciudad de Rosario, en donde se ha experimentado un “crecimiento de la criminalidad vinculada al narcotráfico”.

Otro episodio de violencia fue el “ataque a balazos” contra los reporteros gráficos Federico Soto y Patricio Rodríguez, amedrentados por un manifestante de la Asociación de Trabajadores del Estado, cuyos disparos fueron registrados por la cámara de Soto, en una localidad de la provincia de Neuquén.