Casi el 65% de la renta agrícola queda en manos del Estado y sigue en aumento

El Índice trimestral que elabora FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) marca cuánto de la renta agrícola queda en manos estatales. Con respecto al trimestre pasado, el número creció 1,7 puntos porcentuales (63,2% en diciembre 2021) y arroja una participación de 64,9% para el promedio ponderado por cultivos. “¿Qué significa? Que por cada $100 de renta que genera una hectárea, $64,90 se va en impuestos”, explica Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

Este indicador sirve para entender por qué protestan los productores de granos de la región pampeana. El gobierno elevó esta semana dos puntos las retenciones que tributan los subproductos de la molienda de soja (harina y aceite) y se supone que ese dinero debería salir de los bolsillos de las industrias aceiteras, que hasta ahora tributaban 31% mientras que le descontaban 33% a los productores.

“Aún con la importante suba de precios, pesaron más los menores rindes esperados como consecuencia de la sequía, los mayores costos de producción y el atraso del dólar oficial respecto a la inflación, por esto la suba del índice en relación al índice pasado”, completa Pisani Claro.

Otra preocupación se da en torno a los impuestos a las exportaciones (DEX) y la soja

“Un tema que enciende la alarma son los fertilizantes: el precio de los compuestos como la UREA se incrementó 170% y el PDA 155% en los últimos 15 meses en dólares. Sin embargo, más allá del precio, lo que más inquieta es el abastecimiento debido a la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia es el segundo exportador mundial de fertilizantes nitrogenados, en 2020 representó el 17% de las exportaciones a nivel mundial”, advierte Natalia Ariño, economista FADA.

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“Otra preocupación se da en torno a los impuestos a las exportaciones (DEX) y la soja. La suba a los subproductos como el aceite y la harina de soja va a hacer que baje el poder de compra de la industria en U$S15 por tonelada, por lo que el precio pagado al productor será menor”, completa Ariño.

El informe también analiza los cultivos uno por uno y muestra que la participación del Estado en la soja es del 69,9%, maíz 56,1%, trigo 58,5% y girasol 56,2%.

¿POR QUÉ SUBIÓ EL ÍNDICE?

No tiene que ver con los impuestos de manera directa, sino que se relaciona con los efectos de la sequía que redujeron los rendimientos de soja, maíz y girasol y la suba de costos. “Al tener rindes menores (menos toneladas por hectárea), la producción es menor, por lo cual hay menos ingresos por hectárea. Esto hace subir el índice por la participación relativa de los impuestos sobre esta renta”, comenta Pisani Claro.

“Por otro lado, los costos de producción incrementaron su participación. El costo de la cosecha, por ejemplo, se incrementó un 68,4% en pesos en los últimos 12 meses, mientras que el tipo de cambio oficial sólo subió 19,3%. Esto significa, que el costo de la cosecha se incrementó un 41,2% en dólares, más de lo que subieron los precios internacionales de los granos. En los fletes es incluso peor, aumentaron un 47,5% en dólares en el último año”, agrega la especialista.

Cambios en los Impuestos a las Exportaciones

En relación a las medidas anunciadas por el gobierno, la suba de los derechos de exportación del 31% al 33% al aceite y harina de soja impactarán en los números del productor, no a través de un incremento de los impuestos, ya que el grano tiene un DEX del 33%, sino a través de un menor precio percibido por la soja. “Con la suba de la alícuota a los subproductos, la industria tendrá menor poder de compra, por lo que podrá pagar menos por el grano. La baja estimada en el poder de compra es de U$S15 por toneladas. Así, es de esperar que, en promedio, el precio pagado al productor baje alrededor de este número”, revela la economista de la Fundación.

¿DESABASTECIMIENTO DE FERTILIZANTES?

Si bien en los últimos 12 meses los aumentos de costos de los fitosanitarios han sido extraordinarios, con productos que subieron 50% y 60%, y los glifosatos entre 140% y 180% en dólares, el tema que más preocupa son los fertilizantes. El precio de la UREA se incrementó 170% y PDA 155% en los últimos 15 meses en dólares.

El costo de la cosecha se incrementó un 68,4% en pesos en apenas 12 meses

Más allá del precio, inquieta el posible desabastecimiento de fertilizantes por la guerra de Rusia y Ucrania. “La agricultura es muy dependiente de las importaciones de fertilizantes. Esto genera alguna preocupación para la siembra de trigo, que comienza en pocos meses, y la siembra de maíz que comienza a partir de septiembre. Si bien todos los cultivos requieren fertilizantes, estos son los dos que más demandan”, advierte Ariño. En 2020, Argentina importó el 61% de la oferta doméstica de fertilizantes nitrogenados y el 79% de los fosfatados.

Si bien sólo el 15% de las importaciones de nitrogenados proviene directamente de Rusia, hay varias complicaciones extra. Por un lado, Rusia es exportadora de insumos para producir distintos tipos de fertilizantes en otros países, lo que podría impactar en el suministro de esos otros países. Por otro lado, el costo de la UREA tiene como uno de sus principales componentes al gas, cuyo precio internacional ha subido sustancialmente y también hay dudas por el abastecimiento.

“Estos factores generan temores en toda la cadena de valor agroindustrial sobre la provisión de fertilizantes, pero el BCRA también deberá garantizar los dólares para estas importaciones que costarán más del doble que hace un año. Esto no debería ser problema teniendo en cuenta el nivel de dólares que genera el campo argentino, pero el cepo importador es fuerte”, explica Pisani.

El informe indica que, en los últimos 12 meses, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 19,3%. En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en los últimos 12 meses cayó un 21,2%.

“Esto significa que el tipo de cambio se ha atrasado respecto a la inflación, incrementando los costos de producción al medirlos en dólares, un escenario malo para cualquier actividad exportadora”, afirma Ariño.

Si se analiza la estructura de costos según la moneda en la que están expresados, vemos que un 54% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados. Si se considera el costo de la tierra alcanza el 65%.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 58%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 64%.

La participación del Estado está compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los nacionales no coparticipables representan el 68,8% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina. “Es el mayor nivel desde junio de 2019, momento en que FADA lo mide como parte de este informe”, agrega Ariño. Se componen principalmente por los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Las tributaciones nacionales coparticipables entre Nación y las provincias representan el 25%. Acá tenemos principalmente el impuesto a las ganancias y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte del 25% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. Así, los impuestos provinciales representan el 5,6% de los totales.

Los municipales representan el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional.

“La vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de derechos de exportación”, comenta Pisani Claro.

En cuanto a los índices provinciales, Córdoba registra un 64,6%, Buenos Aires 62,7%, Santa Fe 62,2%, La Pampa 64,7%, Entre Ríos 68,3% y San Luis 64%.

Los impuestos provinciales presentan divergencias. En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos con diferentes alícuotas; y en Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta. Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.