Columnista de la agencia EFE

La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, se aproxima al “día D” en dos millonarios juicios en tribunales de los Estados Unidos cuya sentencias resultarán trascendentales, tanto para la compañía y el país, como para un amplio sector de inversores internacionales.

Los casos se tramitan desde hace años en tribunales estadounidenses: uno en Nueva York, derivado de la decisión en 2012 de Argentina de expropiar a la española Repsol el 51 por ciento de las acciones en YPF, y el otro, en Delaware, relacionado con una demanda por daño ambiental contra una empresa cuya dueña inicial fue adquirida luego por la petrolera.

“Ambos juicios tendrán consecuencias históricas para YPF. Si bien es incierto cómo podrían fallar ambas cortes, no puede minimizarse la trascendencia”, sostuvo en un reciente informe la firma de intermediación bursátil Bull Market Brokers.

El primer caso se inició en 2015, cuando el grupo argentino Petersen, que tenía una participación accionarial del 25 por ciento en YPF, demandó al Estado argentino y a la centenaria petrolera. Al caso se sumó en 2016 como demandante Eton Park, fondo estadounidense que tenía el 2,9 por ciento de YPF.

Los demandantes han reclamado millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

Argentina e YPF han argumentado que la ley aprobada por el Congreso en 2012 por impulso del entonces Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) que declaró de utilidad pública sujeto a expropiación el 51 por ciento de YPF, le impedía al Estado adquirir acciones adicionales. Además han objetado la legitimidad de la jurisdicción estadounidense para llevar adelante este caso.

Los demandantes se acogen a las normas de protección a inversores imperantes en Nueva York dado que YPF cotiza sus acciones en esta plaza, además de Buenos Aires.

En la causa actúa también Burford Capital, una firma que financia litigios a cambio de la cesión por parte de los demandantes de derechos de cobro de indemnización en caso de obtener una sentencia favorable.

Petersen y Eton Park han solicitado a Loretta Preska, jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que dicte una sentencia sumaria a su favor, incluyendo una compensación por presuntos daños de 15.900 millones de dólares, aunque el reclamo podría incrementarse si el caso llegase a un juicio oral.

Argentina e YPF objetan ese cálculo y sostienen que, si fueran hallados responsables -algo que rechazan-, a lo sumo la reparación podría ascender a 146 millones de dólares.

Las partes pueden presentar escritos finales hasta el 23 de junio, tras lo cual se espera que Preska dicte sentencia.

En su última nota de resultados trimestrales, YPF reiteró que la petrolera y Argentina “no tienen ninguna responsabilidad” y que, por lo tanto, Preska “debería dictar una sentencia sumaria a su favor”.

“Éste será sin duda un fallo histórico ya que marcará un precedente para cualquier nación soberana que considere expropiar una empresa que cotiza en los Estados Unidos”, señaló Sebastián Maril, director de la firma Latam Advisors.

Además del precedente que sentará la sentencia, el fallo, sea cual fuere el lado de la balanza al que se incline, tendría impacto directo sobre las cotizaciones de bonos soberanos argentinos y acciones y títulos de deuda de YPF y del propio Burford.

El caso por contaminación

El otro caso, el menos conocido pero que que tiene en vilo a muchos inversores, se originó hace años cuando Chemicals, una subsidiaria de la empresa estadounidense Maxus, fue acusada de contaminar con “agente naranja” el río Passaic y la bahía de Newark, en el estado de Nueva Jersey, durante las décadas de 1950 y 1960.

EN 1986 Maxus vendió Chemicals a una subsidiaria de Occidental Petroleum, asumiendo indemnizar a esta última por los pasivos ambientales eventuales que Chemicals hubiera provocado.

En 1995 YPF compró Maxus y en 2005 el estado de Nueva Jersey demandó a Maxus, Occidental, Repsol e YPF por presunta contaminación.

En 2011 un tribunal de Nueva Jersey declaró que Occidental y Maxus debían remediar los daños ambientales. Occidental trasladó legalmente toda la responsabilidad a Maxus y, como “alter ego”, a YPF y a Repsol.

En 2016 Maxus se presentó en bancarrota en Delaware, donde estaba radicada, e YPF le pagó a su subsidiaria 130 millones de dólares para desligarse de las demandas ambientales.

El fideicomiso de liquidación de Maxus, integrado por Occidental, entre otros litigantes, demandó a YPF en 2018 ante un tribunal de Delaware, a cargo del juez Christopher Sontchi, quien está próximo a dictar un fallo sumario en el caso.

Los demandantes han reclamado como compensación unos 14.000 millones de dólares.