Del chantaje energético a empezar a cerrar el grifo

BRUSELAS

La Unión Europea (UE) mostró su unidad frente al “chantaje energético” por parte de Rusia con un plan que pretende reducir un 15 por ciento la demanda de gas, pero que contempla derogaciones para responder a la situación de cada país, como pedían España y otras naciones.

Los ministros de Energía de la UE, reunidos en un Consejo extraordinario, cerraron un acuerdo político sobre una propuesta presentada el pasado 20 de julio por la Comisión Europea y adaptada tras intensas negociaciones a las peticiones de los Estados miembros, después de una fría acogida inicial de la mayoría de delegaciones.

“Esta decisión demuestra claramente que los Estados miembros se mantendrán firmes contra cualquier intento ruso de dividir la UE utilizando los suministros de energía como arma”, dijo el ministro checo de Industria y Comercio, Jozef Síkela, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, al término de la reunión.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, consideró “importante” el acuerdo logrado “por el mensaje que se traslada hacia fuera: no aceptamos el chantaje de (el presidente ruso, Vladímir) Putin”, según señaló en una rueda de prensa tras el Consejo.

Ribera indicó que para que el acuerdo sea eficaz “requiere poder incorporar de manera flexible la forma en la que cada uno de nosotros puede contribuir a respaldar a nuestros vecinos”.

Robert Habeck, ministro de Energía de Alemania, el país que más expuesto está a un corte de suministro ruso, valoró en el debate público celebrado en el Consejo que “en cinco días se haya conseguido” un acuerdo que “envía una fuerte señal” y hace que la UE esté preparada “para ayudar de manera solidaria”.

El titular alemán denunció la “estrategia clara del Kremlin” para “romper la solidaridad en la UE y con Ucrania” e incluso criticó al gigante gasístico ruso Gazprom, que “no parece dominar sus propias decisiones”.

“La farsa sobre la turbina canadiense lo dice todo”, señaló sobre un elemento del gasoducto Nord Stream 1 que había quedado bloqueado en Canadá.

EL ACUERDO

Los Estados miembros acordaron en particular reducir la demanda de gas en un 15 por ciento entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 -en comparación con su consumo medio de los últimos cinco años- de manera voluntaria primero y, en caso de que se declare el estado de alerta en la UE, como por ejemplo si hay un corte total del suministro ruso, de forma obligatoria.

Frente a la propuesta inicial de Bruselas, que planteaba un recorte del 15 por ciento por igual para todos, se admitieron posibles derogaciones en determinados casos.

En el caso de los países que son islas (Malta, Chipre e Irlanda), el Consejo decidió que se les aplicarán excepciones de manera automática.

Los Estados miembros cuyas redes eléctricas no están sincronizadas con el sistema eléctrico europeo y dependen en gran medida del gas para la producción de electricidad (los países bálticos) también podrán pedir una exención, a fin de evitar el riesgo de una crisis de suministro eléctrico.

Los países que tengan “interconexiones limitadas” con otros (como España y Portugal) y puedan demostrar que están utilizando al máximo sus capacidades de exportación de interconectadores o su estructura nacional de gas natural licuado para redirigir gas a otros, podrán solicitar una excepción.

Para beneficiarse de esa derogación, que puede llevarles a reducir el ahorro de gas del 15 por ciento inicial a un 7 por ciento, tendrán que demostrar que están haciendo lo que pueden para cumplir solidariamente con la demanda de otros Estados miembros.

Se tendrán en cuenta las circunstancias en las que se encuentren sus interconexiones y su mercado nacional, y se garantizará que no cierran sus fronteras para retener el gas: deberán demostrar que cumplen con la demanda, que hacen buen uso de su capacidad de exportación y de sus terminales de gas natural licuado para ofrecerlo a otros, indicaron fuentes comunitarias.

Por último, podrán pedir excepciones los países si han superado sus objetivos de llenado de almacenamiento de gas, si dependen en gran medida del gas como materia prima para industrias críticas o si su consumo de gas ha aumentado al menos un 8 % en el último año en comparación con la media de los últimos cinco años.

También se decidió dar un papel más relevante a los países para activar la situación de “alerta” cuando haya un riesgo grave de escasez de gas o una demanda de gas excepcionalmente elevada.

De esa manera, se podrá activar tanto a propuesta de la Comisión como de cinco o más Estados miembros.

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