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Un informe oficial sobre el sistema carcelario argentino publicado ayer en este diario, dejó a la vista los altos niveles de superpoblación existente –que, según se asegura, buscará resolverse mediante un plan de ampliación con casi 12 mil nuevas plazas- y también presentó datos sobre el muy elevado registro de personas liberadas que reinciden en el delito.
Se ha dicho ya en esta columna, en numerosas oportunidades, que estas realidades dramáticas que muestra el régimen carcelario en todo el territorio nacional tienen también vigencia de Buenos Aires, en donde la situación fue por años endémicamente crítica. Y que, salvo excepciones, suele incumplir con el deber de resocialización de los detenidos en cárceles
El habitual secuestro de miles de armas blancas y de drogas, en las requisas que realiza el Servicio Penitenciario, dejan pocas dudas acerca de las falencias estructurales que padecen las cárceles. También queda en evidencia el trabajo que se realiza en lo que concierne a la resocialización de los presos, privados de actividades laborales o recreativas en los penales y sometidos a pésimas condiciones de detención.
El informe dado a conocer ahora destaca que la mitad -o aún más- de los que cometen un delito, vuelven a hacerlo cuando son insertados a la vida en sociedad. Los niveles de reincidencia resultan ser altísimos, tal como lo acaba de corroborar el ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, que aseguró que se pondrán en marcha algunas vías de acción destinadas a corregir ese problema.
En forma reiterada los especialistas sostienen que si los presos tuvieran suficientes alternativas para desarrollar trabajos y estudios dentro de la prisión, se estaría más cerca de cumplir con el objetivo de su resocialización. Existen experiencias que demuestran esta hipótesis. El grado de conflictividad en las cárceles disminuye sensiblemente cuando crecen los índices de laboriosidad y esas alternativas permiten, además, desarrollar programas recreativos y de integración con la comunidad que resultan positivos para la población carcelaria.
Las unidades carcelarias debieran contar con talleres y bibliotecas, con espacios y herramientas suficientes para el desarrollo de actividades laborales y académicas, además de adecuados ámbitos para la recreación. Por supuesto, este objetivo también requiere una cantidad de personal penitenciario que resulte satisfactoria.
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En la medida en que se alienten las opciones laborales y educacionales para los presos, se hará un valioso aporte -además- al objetivo de bajar los índices de reincidencia delictiva en el ámbito bonaerense. Sin embargo, está claro que, si las cárceles no cumplen su función socializadora, que excede en mucho el mero alojamiento de procesados o condenados, se potencia un círculo perverso en el que crecen inexorablemente los índices delictivos.
Cuesta explicar –y también entender- que la “reincidencia” suele registrarse ya dentro de las propias cárceles, cuando personas que están presas siguen conduciendo en forma sistemática el accionar delictivo de bandas en el exterior y que desde los calabozos organizan la comisión de distintos delitos. Se alude también al caso de los conocidos “falsos secuestros” que, con sus teléfonos celulares, concretan algunos detenidos desde el interior de los penales.
Si bien resultan imprescindibles los edificios modernos y suficientes para alojar a las personas detenidas por orden de la Justicia, también lo son aquellas actividades formativas que sirvan para resocializarlos.
Las cárceles no debieran ser escuelas para volver a delinquir, sin perjuicio de que el Estado debe asistir y acompañar a los liberados para que puedan ser útiles a la sociedad.
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