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Javier Castro Bugarín
Columnista dela agencia EFE
Más allá de las manifestaciones de adhesión a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el atentado que sufrió el 1 de septiembre ha destapado el “descontento” de parte de la sociedad argentina con las instituciones democráticas, producto de un “malestar” endémico que se volvió contra la clase política.
Las teorías conspirativas (”el atentado fue armado”), los sentimientos de indiferencia (”no entiendo por qué decretan un feriado por esto”) o las incitaciones explícitas a la violencia (”ojalá la bala hubiese salido”) son ejemplos de esta realidad, reforzada en los años de pandemia.
“Cuando quedan invisibilizadas las causas más estructurales (del malestar económico y social), lo que está más disponible es la crítica a las instituciones de la democracia y muy particularmente a quienes ocupan los lugares más visibles, que son los políticos”, explica Micaela Cuesta, socióloga y coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA).
Los rostros de ese malestar democrático, común en otros países occidentales, son múltiples: años de estancamiento económico, inciertas perspectivas de futuro y una pandemia han creado el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de narrativas alternativas, que abrazan discursos “antidemocráticos” para canalizar esa fragilidad social.
Para Lucía Wegelin, doctora en Ciencias Sociales e investigadora también del LEDA, el intento de magnicidio (perpetrado, además, por un individuo que portaba tatuajes con una presunta simbología nazi) supone un “paso más allá” en la polarización política que se venía observando en el país, puesto que expresa un descontento con la “democracia en general”.
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“La grieta central que se registra es con los políticos, más que con otra posición política. Hay una desconfianza y una pérdida de legitimidad de las instituciones de la democracia que conduce a un estado alterado y de enojo con los políticos”, asevera Wegelin.
Estos ánimos, exacerbados por las redes sociales, propiciaron una “desidentificación política muy fuerte” en los últimos años, al tiempo que contribuyeron al fortalecimiento de “posturas antipolíticas”, como el fenómeno libertario, tercera fuerza más votada en la ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones legislativas (17 por ciento de los votos).
“En esa distancia, indiferencia o desinterés, las llamadas derechas alternativas, las que se presentan como antisistema, no paran de cosechar adeptos”, observa Cuesta.
En este contexto de crisis, ¿cómo actúan las dos principales coaliciones políticas, tanto del oficialismo como de la oposición?
Con una mezcla de torpeza y ceguera que les impide abordar preocupaciones cotidianas, entre ellas, la abultada inflación, que avanzó un 71 por ciento interanual en julio y no tiene visos de desacelerarse en el corto plazo.
“Si tomas la conversación pública de las últimas tres semanas, la inflación está relegada: el juicio a la vicepresidenta, el ataque, la ley de medios... Son temas que están lejísimos de estar en las discusiones ciudadanas”, afirma en una conversación Lucas Romero, director de Synopsis Consultores.
De hecho, la inflación, la incertidumbre por la situación económica, la delincuencia y la falta de propuestas para el crecimiento son los temas que más preocupan a los argentinos, según los últimos datos del Monitor de Humor Político y Social elaborados por las consultoras D’Alessio IROL y Berenzstein.
Tras el atentado contra la vicepresidenta, oficialismo y oposición enterraron en un primer momento el “hacha de guerra” para expresar su enérgica condena a lo sucedido, pero rápidamente volvieron a las mismas lógicas de confrontación política, azuzados por una parte de sus seguidores.
“Creo que hay un razonamiento electoralista y efectivamente ahí son quizás los votantes los que demandan esa actitud de sus representantes. El tema es si es posible hacer un juicio respecto de la responsabilidad política que ese acto electoral conlleva”, reflexiona la coordinadora del LEDA.
Mientras la disputa partidaria se recrudece, Lucía Wegelin insiste en la necesidad de tejer “acuerdos mínimos” que permitan “sentar las reglas para la discusión democrática”.
“Los consensos mínimos no dan una respuesta al malestar. Por ahí son el primer paso para hacer políticas que lo hagan, pero no son la respuesta en sí”, sostiene la investigadora.
Micaela Cuesta, por su parte, plantea dos vías para encauzar esta situación: por un lado, que todos los partidos políticos con “tradición democrática” condenen sin tapujos lo sucedido, y, por otro, que la sociedad civil reflexione sobre lo que “un tipo particular de enunciación pública de la violencia puede significar”.
“Si no tomamos nota en términos sociales de las razones subjetivas que explican la pregnancia y la identificación con ese tipo de discursos de violencia, estamos condenados a un futuro poco promisorio, por no decir funesto”, sentencia.
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