Postergaron para el sábado la marcha de antorchas a favor de Lucas Puig

Tras la jornada de paro y movilización concretada el miércoles pasado, gremios de docentes de La Plata postergaron para mañana la marcha de antorchas para rechazar nuevamente el fallo judicial que condenó al profesor de música Lucas Puig a la pena de 35 años de prisión, al ser encontrado culpable de abuso sexual a dos niños del jardín San Benjamín de Los Hornos.

La movilización -que iba a ser esta tarde, pero por el episodio de Cristina Kirchner que sacude al país- se realizará este sábado a partir de las 18, frente al edificio judicial de 7 entre 56 y 57, lugar donde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 sentenció al docente, en un fallo unánime, por “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravada por ser encargado de su educación en concurso ideal con corrupción de menores”.

Se trata de la segunda jornada de protesta en rechazo al veredicto judicial, luego del sorpresivo paro de 24 horas que repercutió con fuerza en muchos colegios de La Plata y la movilización en el centro de la ciudad que culminó con un acto en plaza San Martín, en donde se exhibieron pancartas y pasacalles con la leyenda “Lucas inocente, fuerza Lucas”.

La Asociación Pensamiento Penal, una ONG de consulta permanente de funcionarios y magistrados, con presencia no solo en Argentina, sino también en países limítrofes, manifestó su “profunda preocupación” frente al fallo condenatorio. Incluso, en junio pasado, la asociación se presentó en la causa como “amicus curiae”. Esa figura habilita la participación de terceros ajenos a la contienda, que aportan argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de convicción a la hora de adoptar una postura o tomar una decisión trascendental en el pleito.

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“Como lo señalamos durante el desarrollo del debate, Lucas Puig fue acusado por un delito que no cometió”, aseguraron en un comunicado, y continuaron: “La sentencia consolida las irregularidades y malas prácticas que tuvieron lugar en la etapa preliminar, cuyo desenlace no ha sido otro que la vulneración de su estado de inocencia”.

“Esto adquiere singular gravedad en el caso, pues se decidió ejecutar inmediatamente la sentencia, lo que contraria la jurisprudencia de la CSJN en la materia y desatiende que Puig estuvo siempre a derecho en los doce años de proceso. Por lo demás, no se puede perder de vista que había sido absuelto en el primer juicio”.

A su vez, la Asociación Pensamiento Penal instó a las autoridades judiciales revisoras a “examinar la decisión condenatoria con especial rigor y a ordenar previamente la inmediata libertad de Puig”. Y aseguraron que “no hay riesgos procesales que justifiquen la aplicación de una medida cautelar de esta naturaleza”.

En cuanto al contralor de derechos, se sabe que tiene como meta principal la custodia de las garantías de raigambre constitucional. Una de ellas es la del plazo razonable que, según entiende, en este caso se encontraría en tela de juicio.

“Toda persona sometida a un proceso penal tiene el derecho de obtener en un tiempo prudencial una respuesta jurisdiccional definitiva que ponga fin a su estado de incertidumbre frente a la ley y la sociedad”, destacaron en la previa de la sentencia.

También mencionaron la posible afectación de la prohibición de doble persecución penal, por lo que habían solicitado que se considere sus manifestaciones, las que finalmente no fueron tenidas en cuenta y a Puig lo sentenciaron a 35 años de cárcel.