Una cultura difusa de la violencia que debe ser erradicada en el país

Hace ya muchos años -seguramente, demasiados- que las columnas de este diario vienen marcando el crecimiento de una cultura violenta en muchos sectores de la población de nuestro país, que se refleja en el “vale todo”, en la falta de respeto a los demás, en la escasa o nula educación que exhiben muchos comportamientos, en estilos de vida regidos por una hostilidad difusa y sistemática, en las riñas callejeras y las reacciones intemperantes ante cualquier mínimo incidente.

Tal como se señaló ayer en un informe publicado en este diario, la situación se sigue presentando a pesar de que en estas jornadas se tramita en la justicia de Dolores el resonante caso por el crimen de Fernando Báez Sosa, que podría terminar con varios jóvenes condenados a prisión perpetua. Pese a ello, todos los fines de semana se reproducen incidentes similares e igualmente graves, demostrativos de que no hay frenos para estos desbordes, pero que sí se siguen evidenciando, entre otras fallas educativas básicas, carencias de valores y también falta de controles policiales.

Las crónicas diarias de la prensa reflejan esta situación, que se presenta en todo el país. Abarca en mayor o menor medida a todos los estratos sociales y se vuelve especialmente riesgosa en los casos policiales -asaltos a mano armada, intrusiones a las viviendas, robos callejeros, riñas, homicidios- en donde se suele hacer uso de una alevosía y saña nunca antes empleadas, inclusive contra víctimas indefensas, incapaces de oponer una mínima defensa. Como alternativa extrema, como la peor de las resultantes, vinieron apareciendo casos de “justicia por mano propia”.

Algunos llegan a confiar -tal como se dijo ayer en el informe- en que el proceso que se ventila en Dolores pueda marcar un antes y un después. Convertirse en una especie de leading case, que fije los cimientos de una nueva era, en la que esté bien en claro que el actuar de manera violenta tiene consecuencias penales. Y de las graves. Como es el caso de los ocho jóvenes que hoy están sentados en el banquillo de los acusados, los cuales, con apenas una veintena de años, podrían quedar presos hasta casi los 60.

Sin embargo, tal como también se reseñó, los incidentes se reiteran con frecuencia aterradora en estos días y quedan registrados por la tarea de alguien que los graba con un teléfono celular, para después llevar el video a las redes sociales y así ganar seguidores. La víctima no importa nada, ni a nadie. Las víctimas forman parte de un segundo plano en esta cultura de la violencia que está ganando.

Hace ya décadas que los jueces penales, los sociólogos y otros especialistas en el tema, advertían sobre un ostensible avance de la violencia en la población, que se reflejaba en un crecimiento imparable, año tras año, de las estadísticas penales. La irrupción de la droga y del narcotráfico agravó un panorama que, además, se nutrió con la demagogia de muchos dirigentes, juristas y legisladores, que relativizaron el cumplimiento de las leyes, votaron normas procesales permisivas y asentaron criterios que fueron despojando a la sociedad de convicciones firmes acerca de las obligaciones que toda persona debe cumplir para vivir en sociedad.

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Tal como también se dijo ayer en este diario, la dura realidad viene marcando que el consumo de alcohol y las drogas tiene una implicancia directa en la situación de descontrol que se vive en las calles, pero también la falta de prevención de las fuerzas de seguridad.

El primer paso a dar, entonces, es controlar las calles y, llegado el caso, detener a quienes suponen que en la vida de convivencia no hay barreras que deban ser respetadas.