Nicaragua sin derechos: ejecutan y torturan a opositores

GINEBRA

Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que constituyen “crímenes de lesa humanidad”, al presentar ayer un informe en el que reclamó sanciones internacionales.

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El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, menciona, entre esas violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.

“Se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, afirmó el presidente del grupo, Jan Simon.

“La población vive aterrorizada. Casi todos los medios independientes y las ONG trabajan desde el extranjero” y “la situación sigue empeorando”, insistió Simon en rueda de prensa en Ginebra, junto a la experta colombiana Ángela María Buitrago.

El grupo de expertos es independiente y fue creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, cuya represión dejó 355 muertos y cientos de detenidos (opositores, líderes sociales, empresarios, periodistas).

El pasado 9 de febrero, el gobierno de Ortega liberó a 222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad, acusándolos de “traidores a la patria”.

Una semana después, le retiró la nacionalidad a 94 disidentes en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

Buitrago señaló la “amenaza constante” que pesa sobre los nicaragüenses “de ser denominados traidores”, que se “cancele su nacionalidad” y sean “deportados”. Esta situación recuerda “períodos muy oscuros de la historia”, subrayó Simon.

INSTITUCIONES DESMANTELADAS

Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condenas de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria.

Los expertos cifraron en “miles” los nicaragüenses afectados por la violación de derechos humanos. El reporte recalca que los abusos “no son un fenómeno aislado”, sino el fruto de un “desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.

Simon acusó a Ortega, quien gobierna con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de “manipular a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral” para “reprimir” las libertades fundamentales y “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.

El Estado y los individuos responsables de las violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, exigieron los expertos, sea bajo el derecho internacional penal, la legislación nicaragüense o de terceros países.

El informe precisa que la policía nacional y grupos armados progubernamentales incurrieron, coordinadamente, en un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas que se prolongaron por casi cinco meses en 2018. Unas muertes cuya investigación obstruyó el gobierno, agregó.

Además, acusan a policías, funcionarios penitenciarios y miembros de grupos armados progobierno de cometer actos de tortura, incluida la violencia sexual, durante los interrogatorios. El grupo instó a la comunidad internacional a emprender acciones legales contra los responsables de los abusos y a incrementar las sanciones económicas y diplomáticas.

“Esperamos que otros países de Latinoamérica entiendan el deber de protección de las comunidades vecinas, pero también los efectos que puede causar en la región esta forma de actuar”, dijo Buitrago, expresando preocupación por “la crisis humanitaria que pueda surgir en la región”.

En el documento, los expertos instan al gobierno a terminar con “las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos” y a abrir investigaciones independientes de los abusos denunciados.