Represión implacable: otro opositor a Putin, condenado a 25 años de prisión

Un tribunal de Moscú condenó ayer al opositor Vladimir Kara-Murza a 25 años de cárcel, una pena de una dureza extrema que refleja la implacable represión en Rusia contra quienes critican la ofensiva en Ucrania. La pena pronunciada contra Kara-Murza es la más dura impuesta a un opositor en la historia reciente del país.

Tras un juicio a puerta cerrada, el tribunal anunció que reconocía a Kara-Murza culpable de “alta traición”, difusión de “falsas informaciones” sobre el ejército ruso y trabajo ilegal para una organización “indeseable”. Por ello, fue condenado a una pena acumulada de 25 años de cárcel en una colonia penitenciaria en régimen severo, lo que implica unas condiciones de reclusión más estrictas. La fiscalía había requerido esta condena. El opositor de 41 años, vestido con remera negra y chaqueta gris, sonrió brevemente al oír el fallo desde la célula en la que se encontraba en el tribunal. Su defensa apelará.

La condena a prisión de Kara-Murza se enmarca en la suerte corrida por los grandes detractores del presidente Vladimir Putin desde su llegada al poder en 2000. Si no están en la cárcel, como Alexei Navalny, fueron asesinados o forzados al exilio.

Así, Boris Nemtsov, antiguo viceprimer ministro y considerado en su momento como posible sucesor del mandatario Boris Yeltsin frente a Putin, se convirtió en los años 2000 en el principal crítico de quien finalmente accedió a la presidencia. El político se opuso a la anexión por parte de Moscú de la península de Crimea en 2014 y al apoyo militar del Kremlin a los separatistas en el este de Ucrania. Menos de un año más tarde, Nemtsov fue asesinado en febrero de 2015 cerca del Kremlin. Tenía 55 años.

Sus seguidores acusaron al dirigente checheno Ramzan Kadirov de haber ordenado el asesinato, aunque él lo niega. Cinco chechenos fueron condenados por el homicidio. Diez años antes, en octubre de 2006, fue asesinada otra opositora de Putin y de Kadirov, la periodista Anna Politkóvskaya, abatida en la entrada de su edificio en Moscú.

La periodista de Novaya Gazeta, el principal medio independiente del país, documentó y denunció durante años los crímenes del ejército ruso en Chechenia.

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Alexei Navalny, un activista anticorrupción de 46 años, sufrió un envenenamiento en 2020 en Siberia, que atribuyó al Kremlin. Las autoridades rusas niegan cualquier responsabilidad. Fue hospitalizado en Alemania y detenido cuando regresó a Rusia en enero de 2021. Navalny cumple una condena de nueve años de cárcel desde marzo por acusaciones de fraude que el opositor considera un montaje en su contra. Navalny sigue denunciando al Kremlin y calificó el ataque en Ucrania de “tragedia” y “crimen contra la humanidad”.

En el caso de Kara-Murza, condenado ayer, él asegura haber sobrevivido a dos envenenamientos debido a sus actividades políticas.

Otro influyente crítico, Yevgueni Roizman, de 60 años y antiguo exalcalde de Ekaterimburgo, fue detenido varias veces y luego liberado. Las autoridades lo acusan de “desacreditar” al ejército y corre el riesgo de pasar varios años en prisión en un juicio que se abre a finales de abril.

En diciembre, otro conocido opositor, Ilia Yashin, de 39 años, fue condenado a 8 años y medio de cárcel por haber denunciado “el asesinato de civiles” en la ciudad ucraniana de Bucha, cerca de Kiev, donde el ejército ruso fue acusado de crímenes de guerra, lo que Moscú niega.

La mayoría de los opositores que permanecieron en Rusia están encarcelados. Otros huyeron del país. Uno de ellos es Mijaíl Jodorkovski, antiguo magnate del petróleo que pasó diez años entre rejas a inicios de los 2000. Desde su liberación en 2013, vive en Londres, donde financia plataformas de oposición.

Muchos seguidores de Jodorkovski, pero también de Navalny, salieron de Rusia en 2021, cuando se intensificó la represión. La ofensiva en Ucrania al año siguiente multiplicó también la salida de opositores del país.

En los últimos años, decenas de medios, ONG, periodistas, activistas o artistas fueron declarados “agentes extranjeros”. El estatus debe aparecer sistemáticamente mencionado en toda publicación, so pena de sanciones.

La ONG Memorial, pilar de los derechos humanos y copremiada con el Nobel de la Paz 2022, fue disuelta por las autoridades rusas por violar esta controvertida ley.