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Mariano Bruera fue condenado ayer en un fallo de primera instancia a seis años de prisión y a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, al ser encontrado culpable del delito de asociación ilícita, luego del juicio oral desarrollado en el fuero Penal de La Plata.
La resolución de los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata avalaron la hipótesis de la fiscal de juicio Victoria Huergo quien sostuvo la acusación durante el juicio oral.
Además del hermano del exintendente Pablo Bruera, también fue juzgado el ex funcionario municipal Enrique Sette, quien fue condenado a ocho años de prisión al sumársela la condena por ”exacciones ilegales”, en tanto que Gustavo Petró, otro integrante del gabinete, fue absuelto.
Otro de los condenados, a dos años y seis meses de prisión en suspenso fue el empresario Gustavo Orlandi, quien para los jueces pagó “un soborno para lograr la rezonificación de lotes” en la localidad de City Bell. Además, ordena continuar investigando al exintendente y el exfuncionario Jorge Campanaro.
Ayer, en un video que difundió a través de sus redes sociales, Mariano Bruera anticipó que fue sentenciado en primera instancia y que apelará la resolución que, por lo tanto, no se encuentra firme.
El médico y exfuncionario rompió el silencio que mantuvo este tiempo durante todo el proceso. En ese sentido, calificó a los integrantes del tribunal que lo condenaron como “empleados de la Gestapro”. También agradeció que la comisión del PJ en defensa de los presos políticos, a la que “pedí que no se movilizaran para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial”, dijo.
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Y añadió: “Siempre me mantuve a derecho”, al tiempo que cuestionó los elementos probatorios expuestos durante el juicio. Además, afirmó que el denunciante, Guillermo Andreu, dijo que “no sabía de mi existencia” e insistió en que tanto él como su familia fueron “víctimas de una persecución judicial”.
La conocida como “causa Procrear” se inició en 2014 luego de que un comerciante, Andreau, denunciara haber sido víctima de una supuesta red de corrupción que operaba presuntamente desde el Municipio. Y que se habrían cobrado coimas a cambio de la realización de rezonificaciones en terrenos rurales de la Ciudad.
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