Bronca de estatales en Venezuela

Decenas de trabajadores públicos en Caracas exigieron “libertad y democracia” en la tercera jornada de protestas del año llevada a cabo ayer, cuando reiteraron también su solicitud sobre mejoras en los salarios que llevan casi dos años sin aumentar, así como en sus beneficios laborales y en las condiciones de trabajo. “Lo que queremos ahora es libertad y democracia y, sobre todo, mejoras para nuestros trabajadores”, dijo la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez, en la protesta, convocada con motivo del 66 aniversario del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1953-1958). En este “día emblemático y muy importante para Venezuela”, también exigió al Gobierno el reinicio de la discusión de la contratación colectiva y mejoras en la seguridad social de los trabajadores.

Por su parte, Naucela Gudiño, dirigente del Colegio de Profesionales de Enfermería en Distrito Capital (Caracas), señaló que, en esta “fecha emblemática”, mantienen la lucha por los “derechos de los trabajadores” a protestar, a denunciar y a afiliarse a “cualquier partido político, organización gremial y asociación sindical”, entre otros.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Gregorio Afonso, denunció que ya son “casi dos años sin aumento salarial”, y aseguró que las bonificaciones que entrega el Gobierno, que aumentó recientemente una de ellas de 30 a 60 dólares, no tienen incidencia en el cálculo de beneficios laborales como las prestaciones sociales.

El último aumento del salario mínimo mensual fue decretado en marzo de 2022, que lo llevó a 130 bolívares, hoy 3,6 dólares al cambio oficial, mientras que la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas, tiene un costo que supera los 500 dólares al mes, según estimaciones independientes.

Los trabajadores, según dijo Afonso, también exigen que se anuncie la fecha exacta de las presidenciales, previstas para el segundo semestre del año, y la apertura del registro electoral en el exterior, así como el “cese de la judicialización de la política” en el país.

El pasado 9 de enero, los trabajadores públicos iniciaron otro año de manifestaciones contra los “salarios de hambre”, una lucha que -advierten gremios y sindicatos- planean intensificar. (EFE)

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