José Luis Espert
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José Luis Espert
El Gobierno nacional no logró destrabar la discusión del Presupuesto 2025 y ayer anunció la suspensión de la actividad de la comisión en la que planeaba firmar el dictamen del proyecto. En una conferencia de prensa, en la que no aceptó preguntas, José Luis Espert -titular de la comisión correspondiente- aseguró que la voluntad del Poder Ejecutivo es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios.
Como venció el plazo para dictaminar para tratar la ley dentro de las sesiones ordinarias, los libertarios aclararon que si en las próximas semanas hay avances en las negociaciones con los gobernadores y la oposición dialoguista evaluarán la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para su tratamiento. “El déficit cero no se negocia, con déficit cero todo, sin déficit cero nada”, dijo Espert como marcando la gran condición para las conversaciones. Aún no se ha podido llegar a ese acuerdo, remarcó.
Detrás de esta decisión se esconde una fuerte discusión entre la Casa Rosada y los gobernadores que por ahora no encuentra un punto de consenso, explicaron fuentes legislativass a cargo de las negociaciones. El Gobierno cree que, pasado el plazo legal para dictaminar, ahora negociará desde una posición de más fortaleza porque no estará limitado por los tiempos. No obstante, aclaró que la Casa Rosada quiere tener un Presupuesto aprobado ya que prorrogar por segundo año consecutivo el plan vigente no envía una buena señal al exterior en términos de institucionalidad.
En rigor, muchos opositores piensan lo contrario: que a Javier Milei no le molestará prorrogar el Presupuesto vigente para, con esa excusa, manejarse con cierta discrecionalidad.
Los reclamos de los gobernadores giran en torno a media docena de puntos clave. Por ejemplo, las provincias quieren dejar plasmado en el Presupuesto un cambio en las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles. Actualmente, lo recaudado por ese tributo tiene seis destinos, entre los que se destacan obras públicas y viales y subsidios al transporte. Pero como el Gobierno cortó los subsidios y tampoco está haciendo las obras, se queda con ese dinero y lo utiliza para mantener el equilibrio fiscal. Este punto sigue sin respuesta concreta.
Otro reclamo gira en torno al organismo que reemplazó a la AFIP, la flamante ARCA, que recibe el 1,9% de la recaudación neta total para financiarse. Si, como afirma el Gobierno, la estructura de personal fue reducida para bajar el gasto, los recursos tributarios que salen de las provincias también tienen que volver a la masa coparticipable, piden los mandatarios.
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Algo similar ocurre con los Aportes del Tesoro Nacional -los ATN, que son el 1% de la masa coparticipable prevista por la Ley 23.548- que el Ejecutivo históricamente distribuyó a discreción. Pero ahora directamente bajó casi a cero. Por ahora, los gobernadores no se llevaron ninguna promesa sobre estos temas.
Las transferencias a las cajas previsionales provinciales son otro tema delicado ya que los fondos presupuestados están muy lejos de las expectativas de los gobernadores. De hecho, a modo de ejemplo, señalan que con el dinero previsto por el Poder Ejecutivo solo se cubre la suma que reclama Córdoba. “¿Y el resto?”, se preguntan.
Aparentemente, el oficialismo y los opositores dialoguistas habían intercambiado redacciones de borradores y “mejorado” la flamante regla fiscal que determina que cualquier desvío en los ingresos previstos obligará a hacer cambios proporcionales en los gastos (si se recauda menos, se recortan aún más gastos). La oposición quería que, en caso de que el Estado recaude más debido a que la inflación prevista es menor a la real, se estipule de antemano a dónde irán los recursos extras. A la inversa, exigían saber de antemano dónde se recortará si la actividad y la recaudación es más baja que la proyectada. En nada de eso se pudo avanzar en sesiones ordinarias.
Mandatarios del PRO, la UCR y otros dialoguistas no peronistas pretenderían hacer primar un espíritu de cuerpo para las negociaciones. Los amarillos dicen, por ejemplo, que Mauricio Macri habilitó a que si no se atiende el pedido de sus gobernadores, no se acompañe a La Libertad Avance con el presupuesto.
Otro dialoguistas, como los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) o Hugo Passalaqua (Misiones) -e incluso al santiagueño Gerardo Zamora- parecen arreglar cada uno por su lado, buscando sus pequeñas ventajas.
Lo que resta de esta semana podría definir lo que viene.
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