Las marchas docentes y una petición ante la Suprema Corte bonaerense

En estos 14 años del proceso penal contra Lucas Puig y, aún hoy después de su muerte, una enorme comunidad educativa lo defiende a ultranza. Se hicieron marchas, documentos y hasta una denuncia en la la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cual se pide una sanción para cinco magistrados que pasaron por esta causa.

Este viernes, incluso, se hará la presentación del libro “Lucas Puig o el Fin de la Justicia”, de Alejandro Fontenla, con el que habrá una vindicación ante los cargos endilgados.

Sin dudas, el de Puig no fue un caso más en la historia judicial de la Ciudad. Y la sociedad platense lo vivió como sucede en muchos órdenes de la vida. Con una fuerte grieta. De un lado los defensores y, del otro, sus detractores.

Incluso, un dato no menor, tuvo el voto de un juez de Casación, que resultó clave en el derrotero del expediente, que hoy está detenido por tráfico de influencias y otros graves delitos.

Se trata de Martín Ordoqui, quien ordenó el nuevo fallo después de la absolución.

En su sala, por si hiciera falta algún otro elemento que alimente tanta polémica, trabajó como relator uno de los jueces que terminó votando por la condena de 35 años de prisión, e incluso su pareja en la actualidad revestiría funciones en dicho organismo.

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Para los denunciantes, la conducta de los magistrados podrían constituir las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 9 de la acordada 3354.

“La intervención del TOC I excedió ampliamente los límites impuestos por la ley a los jueces respecto a sus facultades de interrogación de testigos y peritos; a los modos diferenciales de tratamiento y valoración empleados por los Magistrados en el debate -según se tratara de testigos de cargo o descargo-; en la injustificable conducta omisiva de la Presidencia del Tribunal -como director y autoridad del debate- al permitir descalificaciones y destratos infringidos a testigos y peritos que abonaban la tesis de la Defensa”, indicaron.