Que el delincuente sepa de una vez que el que rompe paga

Cada habitante de nuestra zona tiene en claro que cualquier delito puede alcanzarlo y ello a pesar de las múltiples fórmulas preventivas y de resguardo a las que apela. Sabe también que sólo es cuestión de suerte no terminar como víctima en cualquier hora o lugar.

Ahora fueron vecinos del Barrio Norte los que sufrieron en las últimas jornadas la acción de motochorros, que a plena luz del día robaron en dos oportunidades apenas con un par de horas de diferencia. Los pobladores dijeron sentirse asediados por esta modalidad delictiva. En ambos casos los delincuentes esgrimieron armas y en uno de ellos dispararon en tres oportunidades. “De milagro no ocurrió una tragedia”, fue el comentario de uno de los vecinos.

Existen y también se propagan sobre la sociedad modalidades delictivas frente a las cuales los organismos del Estado no logran ofrecer respuestas efectivas. Se trata de delitos que, en principio, daría la impresión de que fueran fáciles de combatir.

Aquí podría hablarse la acción de los motochorros, la presencia de desarmaderos ilegales, la profusión de ciberdelitos, la acción disvaliosa de barrabravas en temas ajenos al fútbol, los robos a los servicios públicos o la distribución de droga. Una básica tarea de inteligencia y de investigación le permitiría a los organismos de seguridad de Estado reducir al mínimo la cantidad de estos delitos.

Por otra parte, le haría tomar vigencia al básico aforismo que dice “el que rompe, paga”, suplantado hace años en nuestra realidad -en muchos tribunales judiciales- por el concepto de que casi nadie paga cuando rompe algo. El que comete en forma intencional un daño, que tenga en claro que deberá atenerse a las consecuencias.

Se sabe también que muchas de las víctimas de esta ola delictiva cada día más peligrosa han decidido también dejar de presentar las correspondientes denuncias. Dicen que actúan así “para no perder tiempo” y también es cierto que en algunas dependencias oficiales los inducen a desistir de esa presentación. El sistema aparece como desbordado y, acaso, desanimado.

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Sin embargo, no debe desconocerse tampoco que mucha gente no bajó los brazos en los últimos años: colocó rejas, trabas, cadenas, candados en sus casas, contrató alarmas colectivas, vertebró sistemas de resguardo con vecinos en un radio de varias cuadras, sugirió medidas y presentó reclamos en las múltiples reuniones que mantiene con autoridades.

Lo cierto es que un estado de justificada alarma se ha expandido en nuestra región, a partir de la activa presencia de una delincuencia que no da respiro y que pone vidas y bienes de las personas en riesgo total.

El fenómeno no es nuevo, viene desde hace muchos años y son las autoridades de los tres poderes las que, como directas y primeras responsables, deben ajustar las clavijas donde haga falta, formar una más capacitada y eficaz fuerza policial y enfrentar de una buena vez a la delincuencia con todo el peso y fuerza de la ley. La sociedad le está pidiendo eso a los funcionarios responsables.

Es hora de que las autoridades y los distintos organismos estatales con incumbencia en el tema de seguridad decidan de una buena vez por todas adoptar políticas y estrategias eficaces para detener al delito. Para detenerlo, encarcelarlo y también evitar que desde los calabozos los delincuentes, en lugar de rehabilitarse, sigan organizando asaltos, robos, secuestros y otros graves ataques contra la sociedad.