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El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad rechazó hoy que el oficialismo vaya a conquistar el dictamen de la Ley Bases esta semana, y cuestionó los métodos de construcción de consensos de La Libertad Avanza.
"No hay gestión de la ley por parte del oficialismo que escucha y no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley. No creo que esta semana tengan dictamen", planteó en una entrevista para el programa "Si Pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.
En la misma línea, el presidente de la UCR bonaerense planteó: "Si continúa con este formato, estoy absolutamente convencido de que no va a haber dictamen. No busquen más culpables, el Gobierno debe hacerse cargo que no hay gestión de la ley".
"Gestionar la ley es poner a trabajar para ver cómo encuentran las síntesis a las propuestas de los propios senadores, que tiene que ver con perfeccionar leyes. La Argentina necesita leyes que perduren en el tiempo y den seguridad jurídica", agregó al respecto.
Por su parte, el senador radical planteó que hacen falta "operadores de leyes", y denunció que en términos generales, no observa que "en el oficialismo que estén trabajando como entiendo debe hacerse para lograr ese objetivo".
"No veo a nadie en el oficialismo, con lápiz y papel, produciendo las reformas ni juntando la cantidad de senadores que se necesita para ese objetivo", reclamó, y sumó: "Las leyes salen con un determinado número que acompaña: el Gobierno arranca de siete, el número propio, y debe empezar a construir el número para sacar la ley. Eso se hace escuchando, dando lugar a las modificaciones para construir el número".
Para Abad, la Ley de Bases "como se está gestionando, no va a ser aprobada en breve", ya que considera que no hay escucha de la administración libertaria ante los reclamos y propuestas de la oposición dialoguista.
En otro pasaje de la entrevista, el senador radical pidió que "el monotributo social debe formar parte de esta herramienta legislativa porque no podemos mandar a la informalidad a 670 mil personas sin ningún tipo de cobertura", y reclamó también "aliviar la situación de la clase media".
"Se pueden generar mecanismos de deducción en un momento en el cual el Gobierno y los bancos impulsan el crédito hipotecario, y tenemos una ley del año 2000, con una deducción de $10 mil pesos anuales... hay que actualizarla para darle una alivio a la clase media entre otras deducciones que se pueden charlar. A eso me refiero", planteó.
Asimismo, sostuvo que si hay beneficios a grandes inversiones también se debe proteger el interés nacional, y que con la restitución del Impuesto a las Ganancias, son necesarias medidas compensatorias para una "clase media golpeada producto de la liberación de servicios".
"Hay que gestionar, construir aquellas políticas a través del diálogo que me hacen juntar el número para la sanción de la ley y tener una buena ley y eso es lo que no está pasando", concluyó.
Integrantes de Industriales Pymes Argentinos (IPA), junto a otras cámaras empresariales y representantes del sector, se movilizarán al Senado de la Nación con el objetivo de que se modifique el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presente en la Ley Bases.
La convocatoria será el próximo martes 14, a las 11:00 horas, en el marco de los debates que se realizan en la comisión de los proyectos que impulsa el Gobierno Nacional.
"Pedimos a los senadores que nos reciban porque queremos ser escuchados. Los beneficios del RIGI son una competencia desleal e injusta para todas las pymes industriales del país", explicó el presidente de IPA, Daniel Rosato.
Por otra parte, aseveró que continuarán "repitiendo hasta el cansancio" que las pymes industriales "pueden hacer un aporte sustancial a las principales soluciones que nuestro país necesita", sin embargo, necesitan ser competitivas y "no pueden ser excluidas de este proyecto de ley".
"Necesitamos un reflexión profunda y un análisis detallado de las consecuencias del RIGI, que no solo implica beneficios impositivos a los grandes capitales, sino también la posibilidad de importar y exportar con arancel cero, y hasta traer de afuera, en forma indiscriminada, bienes que perfectamente se pueden producir en el país, provocando el cierre de muchas pymes industriales y el cese de miles de trabajadores con formación técnica de calidad", concluyó Rosato.
Las pymes industriales generan el 70% de la mano de obra de la Argentina por lo que piden "que estén contempladas en el RIGI" porque de lo contrario "se lo estaría desprotegiendo y promoviendo la desaparición de miles de empresas y de centenares de miles de puestos de trabajo".
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