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Se conocieron los nuevos topes arancelarios para junio. Hay reclamos por los límites de cuota para los que reciben 100% de subsidio
Ya están actualizados los topes arancelarios en los colegios privados subvencionados por la provincia de Buenos Aires. El incremento será de un 7,5 por ciento, según informaron fuentes del sector.
De este modo, los colegios que tienen 100 por ciento de ayuda estatal pueden cobrar un tope arancelario de 18.760 pesos en nivel inicial y primario, 20.680 pesos en nivel secundario, y 23.840 pesos en secundarias técnicas, agrarias y especializadas en arte.
Los que tienen 80 por ciento de subsidio tienen los siguientes topes arancelarios: en inicial y primaria 34.610 pesos; en secundaria 39.170 pesos y en secundaria técnica, agraria y especializadas en arte 44.850 pesos.
En tanto, los que tienen menos subsidios estatales, reciben el 40 por ciento y los topes son los siguientes: 84.770 pesos en inicial y primaria, 110.150 pesos en secundaria y 126.070 pesos en secundaria técnica, agraria y especializadas en arte.
Desde la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), se sostuvo que “si bien no es un incremento significativo, ayuda a las escuelas”.
También se señaló que “necesitamos que la provincia de Buenos Aires tenga en cuenta la situación de las escuelas que reciben 100 por ciento de subsidio, porque tienen un tope arancelario muy bajo y están prácticamente en la mitad de los que reciben el 80 por ciento de subsidio. Necesitamos que se achique ese margen porque los colegios del 100 por ciento de subsidio sufren un ahogo terrible, ya que no tienen a todo el plantel con el mismo régimen de 100 por ciento de subsidio y afrontan una suba de costos operativos en otros rubros que son iguales al resto y tienen menos posibilidades de conseguir fondos para afrontarlos”.
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“Es importante que cuando se produzca la próxima actualización se tome en cuenta esa situación para ayudar a un grupo de colegios que atraviesan una situación muy difícil”, indicó un portavoz de la asociación.
Y agregó: “Dentro de todo lo que dialogamos y consensuamos con la Provincia, esperamos que su espíritu receptivo alcance a este pedido, nos escuchen y se pueda solucionar una situación de distorsión que está afectando a numerosos establecimientos educativos”.
En la provincia de Buenos Aires, hay 6.300 colegios privados. Unos 4.300 colegios reciben ayuda del Estado bonaerense, y en ese grupo 1.100 reciben el 100 por ciento de subsidio y 900 reciben el 80 por ciento de ayuda estatal para pagar los salarios.
En tanto, hay colegios de arancel libre que están solicitando recibir ayuda del Estado ante las dificultades económicas que afrontan.
En las asociaciones de colegios privados piden que la Provincia resuelva cientos de expedientes de las solicitudes de colegios que piden asistencia estatal, según informaron en el sector.
En la actualidad, según distintos reportes que tienen las asociaciones de colegios privados, se sostiene alta la morosidad y eso también complica a los establecimientos educativos.
Además, han recibido facturas de servicios básicos como luz, gas y agua que se han encarecido de manera tal que se hace difícil afrontar el pago de esas facturas.
También, según trascendió esta semana, hay colegios que ya tienen dificultades para pagar los sueldos y lo están haciendo de manera parcial.
“Los subsidios son para los pagos de salarios, pero no siempre todos los docentes están alcanzados por ese régimen del 100 por ciento de salarios pagados por el Estado. Esa situación más los aumentos de costos operativos y la morosidad, puso en jaque a cientos de colegios privados de la provincia de Buenos Aires.
Un informe realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) sostuvo que 30 colegios están en situación de riesgo de continuidad y unos 200 con serias dificultades económicas y financieras.
Remarcó también que hay numerosos establecimientos educativos que no pueden cobrar los topes arancelarios porque eso generaría que aumente aún más la morosidad, situación que podría complicar la logística de escuelas que llevan décadas de historia y pueden correr el riesgo de cerrar sus puertas.
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