Maduro exige “mano de hierro” ante las protestas en contra de su reelección

CARACAS

El presidente venezolano Nicolás Maduro exigió ayer a los poderes del Estado actuar con “mano de hierro” ante los supuestos crímenes de odio que asegura surgieron en las protestas contra su cuestionada reelección, y que dejaron 25 muertos y 192 heridos.

Maduro fue proclamado con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años. La oposición liderada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia denunció fraude y reivindica su victoria en los comicios del 28 de julio, lo que el mandatario ha considerado como una incitación a un “golpe de Estado” y a una “guerra civil”.

“Exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio, mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales”, indicó Maduro durante una reunión con las autoridades.

“¿Dónde están los autores intelectuales de esta violencia? ¿Dónde están los financistas de esta violencia? ¿Dónde están los que planificaron? (...) ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la fascista mayor, la señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar?”, cuestionó.

González Urrutia, que representó a Machado en la boleta electoral tras una inhabilitación, no aparece en público desde hace casi dos semanas, mientras que la líder opositora se mantiene en la clandestinidad asegurando que teme por su vida tras la “masiva represión” contra activistas y ciudadanía que ha dejado, según el gobierno, más de 2.200 detenidos.

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Las protestas estallaron horas después de que la oposición denunciara un fraude y asegurara tener copias de más del 80% de las actas para demostrarlo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir al chavismo, no ha publicado hasta ahora el escrutinio detallado de la elección, alegando que el sistema de votación fue hackeado.

El chavismo desestima las pruebas opositoras y Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para “certificar” la elección, mientras Estados Unidos, países de América Latina y la Unión Europea (UE) han pedido la publicación de las actas.

INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA

La oposición y Estados Unidos están dejando espacio a una mediación que realizan los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia y México para encontrar una solución a la crisis. Washington negó ayer haberle ofrecido una amnistía a Maduro.

Las protestas dejaron un saldo oficial de 25 muertes y 192 heridos, incluidos dos militares, según el fiscal general, Tarek William Saab. La cifra coincide con la divulgada por organizaciones defensoras de derechos humanos que daban cuenta de 24 muertes en un contexto que denunciaban como una “escalada represiva”.

“Fueron asesinados por la extrema derecha (...) personas de buena voluntad, jóvenes”, sostuvo Saab al mostrar fotos de algunos de los fallecidos. La mayoría murió por impactos de bala que recibieron entre el 29 y 30 de julio.

“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión internacional independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

Venezuela desconoce esta instancia. El fiscal denunció la “doble vara” de la misión.

La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que lleva años investigando a Venezuela por denuncias de violaciones a derechos humanos, también anunció “que sigue activamente los acontecimientos actuales y recibió numerosos informes de violencia y otras denuncias tras las elecciones”.

REDES SOCIALES

Maduro insiste ser blanco de un “golpe de Estado ciberfascista” al tiempo que el Parlamento, controlado por el chavismo, impulsa una regulación para las redes sociales.

La iniciativa forma parte de un paquete de leyes que impulsa el jefe parlamentario, que incluye además la aprobación de una ley para regular ONGs y otra para castigar el “fascismo”, término con el que también el gobierno suele referirse a sus detractores.

“Venezuela necesita reglamentar el funcionamiento de las redes sociales”, expresó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Maduro ya suspendió por 10 días la red social X tras acusar a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo. El plazo termina en principio el lunes 19 de agosto. (AFP)