

El juez federal Ariel LIjo en el Senado defendiendo su pliego/archivo
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El juez federal Ariel LIjo en el Senado defendiendo su pliego/archivo
Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
Los dos candidatos a jueces de la Corte Suprema que propuso el Presidente ya hicieron las respectivas audiencias de defensa de sus postulaciones en la Comisión de Acuerdos del Senado nacional pero los dictámenes con sus pliegos, que deben ser elevados al recinto para su tratamiento, quedaron trabados por los vaivenes de una negociación que asoma complicada para el Gobierno.
Con apenas siete senadores propios (desde el jueves último uno tiene monobloque), La Libertad Avanza necesita de los votos de la oposición para lograr que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla sean designados en el máximo tribunal. Esa situación de debilidad objetiva obliga al oficialismo a tener que aceptar un “retruco” permanente de los opositores, sobre todo del pero-kirchnerismo, que ostenta 33 de las 72 bancas senatoriales.
Javier Milei se plantó en la premisa de que deben ser votados ambos candidatos “sí o sí”. Sabe que, más allá de alguna declaración que relativizó el apoyo, el PJ respaldará el pliego de Lijo, un juez tan polémico que resulta prácticamente imposible encontrar antecedentes de una controversia tan grande alrededor de una postulación como sucede con él. Pero el jefe de Estado ya se dio cuenta de que el peronismo, por aquella supremacía numérica, quiere sacar alguna tajada más a cambio de poner las firmas en el dictamen de comisión y de levantar la mano en el recinto.
El razonamiento sería: los dos queremos a Lijo; vos no tenés los votos y yo sí, ¿qué más puedo lograr a cambio como para hacer valer esa ventaja?
La semana que pasó estuvo plagada de versiones. Una decía que el kirchnerismo pretende bajar la postulación de García Mansilla -que asumiría recién en diciembre, al jubilarse el juez Juan Carlos Maqueda- e impulsar en su lugar a un candidato más afín al espacio.
Es que entre el decano de Derecho de la Universidad Austral y la tropa leal a Cristina Kirchner hay un abismo ideológico. Sin dar nombres, los K juegan con la idea de que ese sillón debería ser para una mujer. Una tesis que también respaldan desde otros sectores políticos, aún con cero cercanía al Instituto Patria. Ejemplo: en ese sentido, que resalta la cuestión de género, se ha expresado la vicepresidenta Victoria Villarruel.
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El aparente encono del peronismo con García Mansilla se percibió en la audiencia donde el letrado defendió su postulación. Los senadores de ese espacio tuvieron un particular protagonismo incisivo contra el candidato, que respondió siempre con aplomo. Esa actitud de los PJ, sin embargo, estuvo ausente cuando debió comparecer el polémico Lijo quien, por el contrario, fue receptor de varios centros del cuestionario kirchnerista.
La otra versión que circuló es que, a cambio de votar a Lijo y a García Mansilla, como quiere el Gobierno, el kirchnerismo propone un acuerdo más amplio, siempre con la idea de sacarle ventaja a su situación de fuerza dominante en el recinto: apurar una ampliación de la Corte Suprema -no queda claro a cuántos miembros; hoy son cinco- y discutir también otros cargos importantes, como el Procurador General de la Nación, actualmente vacante, y sobre todo unos 140 cargos en la Justicia Federal que deben ser cubiertos. Se sabe: ese fuero, y la tendencia a su colonización, siempre ha sido una debilidad para el peronismo.
Básicamente este tironeo entre los libertarios y el justicialismo sobre todo K es lo que hasta ahora deja en una nebulosa la cuestión de los jueces supremos. El resto de la oposición, los llamados dialoguistas, miran y esperan. Pretenden que salte a la vista el acuerdo entre el gobierno y el PJ o, si se quiere, entre Milei y Cristina. La idea de que eso está en camino incluso fue blanqueada por dos senadores ligados a la ex Vice: Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. Esta última fue quien tiró sobre la mesa la carta de la ampliación de la Corte.
El diálogo, en efecto, existe y se da vía terceros: entre el influyente asesor del Presidente, Santiago Caputo (según dijo García Mansilla fue quien le ofreció la candidatura a la Corte aún sin tener un cargo real, dejando así pintado al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona), y el senador Eduardo “Wado” de Pedro, delegado de Cristina para las operaciones judiciales. Es de su extrema confianza. El periodista Marcelo Bonelli contó incluso que la exmandataria lo estaría pensando como eventual ministro del máximo tribunal ampliado. Suena osadísimo. Wado desmintió ese dato el viernes pasado. Pero no el acuerdo en marcha.
Lo dicho: la oposición no peronista asiste cautelosa a todo esto. Mauricio Macri, líder del PRO, ya se expresó en contra de la designación de Lijo. No queda claro si todos los senadores amarillos avalarán esa posición. El radicalismo decidió prolongar definiciones públicas sobre apoyos a los dos candidatos hasta no tener más claro cómo viene el acuerdo que se negocia entre LLA y el PJ.
Pero, en verdad, actuó tácticamente a favor del juez de Comodoro Py: para muchos ya pasó al olvido pero hace unos diez días, imprevistamente, la UCR desplazó de la comisión de Acuerdos del Senado a un legislador que había avisado que no avalaría la designación de Lijo (Pablo Blanco) y lo reemplazó por otro que sí lo respaldará (Eduardo Vischi). Una firma asegurada para el pliego, llegado el caso. Se necesitan 9 de 17 integrantes de la comisión de Acuerdos.
Así, todo parece indicar que la mayoría de los radicales terminarán votando a favor de Lijo (las excepciones podrían ser el mencionado Blanco y la santafesina Carolina Losada), sumándose de esta forma a los que pagarán el costo político del respaldarlo públicamente. Parece que prima su influencia: es que se trata de un juez con muchas terminales en la UCR, en especial varias cercanas al titular del partido, justamente el senador Martín Lousteau.
Tal vez la exigencia del gobierno de apurar al Senado con aquello de “los dos jueces o ninguno” (que traducido sería que el PJ se trague el sapo de García Mansilla a cambio de conseguir al que realmente pretende, Lijo) encierre para el Gobierno cierta idea de que Milei pagará menos costo ante la sociedad porque el currículum impecable del académico de la Austral actuaría como una suerte de contra peso. Opinable.
Pasó medio desapercibido, pero en la semana el ministro Cúneo Libarona confirmó en un reportaje en TN que el nombre del polémico Lijo fue llevado al Presidente por el actual juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, enemistado con sus pares del máximo tribunal desde que constituyeron una mayoría que le quitó el enorme poder con el que conducía el cuerpo cuando era presidente del mismo.
Así, cobra cierta verosimilitud la versión de que Lorenzetti, además del nombre, le llevó a Milei la idea de la posible conformación de una suerte de Corte adicta, de una mayoría proclive a avalar cuestiones sensibles para el oficialismo, que remite inevitablemente a aquel tribunal de la “mayoría automática” del menemismo. Historia circular.
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