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El megaoperativo desplegado en Río de Janeiro, con redadas llevadas a cabo por la Policía local y otras fuerzas oficiales en las favelas contra los grupos narcos, que dejó el saldo ya reconocido de 132 muertos, obliga a lamentar semejante y sangrienta tragedia en el país hermano y, al mismo tiempo, deja como enseñanza la necesidad de que los Estados impidan en sus territorios el avance y el gradual asentamiento de estas organizaciones criminales, mediante un seguimiento preventivo y continuado de sus movimientos, hoy entrelazados ya con otras poderosas organizaciones delictivas internacionales.
Al narcotráfico en Río de Janeiro se lo conoce ya como dueño de no menos de mil puntos de irradiación delictiva, entre ellos algunos bancos, entidades financieras y otras poderosas empresas, en una situación que, como mínimo, podría explicar la magnitud del operativo lanzado por el gobierno carioca -al parecer sin la venia del gobierno federal- , aún cuando se conocen reparos a la intensidad con que se habría instrumentado la acción policial.
De todos modos, la situación llegó a tales extremos que en la cruenta refriega los narcos habrían utilizado como defensa drones y armamentos muy modernos, de los que no dispone la policía brasileña.
Este dato marca en forma elocuente lo que está ocurriendo con el avance del narcotráfico en esa zona de Brasil, hoy teñida en sangre y envuelta en un episodio cuyo desenlace aparece como imprevisible y potencialmente más dramático.
Se habla también de la mayor operación policial realizada en Río, con 2.500 efectivos movilizados, que estuvo destinada a actuar el denominado “Comando Vermelho” (Comando Rojo), el principal grupo criminal de la ciudad brasileña que opera en las favelas, barrios populares y densamente poblados.
En cuanto al número de víctimas fatales, distintas fuentes aseguraron que ascendía a 132 personas -creían que podían ser muchas más-, tras las redadas en las favelas de Penha y Alemao, ubicadas en la violenta zona norte de Río de Janeiro.
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Organismos internacionales se movilizaron para reclamar la mayor mesura posible en las actuaciones policiales y la ONU advirtió que esta masacre “sigue una tendencia de violentas operaciones policiales contra comunidades marginales de Brasil”.
Cabe señalar que en los últimos tiempos se viene alertando en el país -tal como EL DIA lo refleja en estas columnas- que el narcotráfico está avanzando en la Argentina en forma sistemática, de modo que corresponde que las distintas autoridades, sean nacionales, provinciales o municipales, mediante las acciones legales y policiales correspondientes -sin perjuicio de acudir a otros mecanismos institucionales y hasta culturales- enfrenten a esta expansión.
Por lo pronto, es un primer paso, con respecto a la situación de Brasil, la medida que tomó el Gobierno nacional de disponer un alerta máxima en las fronteras lindantes con el país vecino para evitar los cruces de los involucrados.
Cabe decir que dos referentes del grupo Vermelho están prófugos de la Justicia argentina, acusados de negocios turbios con criptomonedas. Se creen que lavaron dinero de las ventas de armas.
Lo que ha ocurrido y lo que pueda seguir sucediendo en Río debiera imponer a las autoridades de nuestro país la necesidad de tomen debida nota y de que, frente a la acción del narcotráfico, delictiva y decididamente antisocial, detengan y sancionen a sus promotores.
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