Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría

En una compleja trama judicial que investiga las presuntas torturas en la comisaría de Ensenada, con jurisdicción en Punta Lara, la Justicia de La Plata ordenó en las últimas horas la detención de otros cinco policías bonaerenses acusados de participar en los brutales episodios contra un grupo de detenidos, ocurridos la madrugada del 21 de octubre de 2024. Con estas nuevas capturas, ya son diez los efectivos que permanecen tras las rejas, en el marco de una investigación que expone una entramado de violencia, encubrimiento y falsificación de documentos dentro de una dependencia policial.

Según pudo saber EL DIA, las nuevas detenciones alcanzan a Héctor Andrés Acevedo (sargento), Juan Carlos Batista (oficial), Ricardo Cardozo (oficial), Facundo Carrasco Larrumbe (oficial) y Gonzalo Sánchez (oficial), todos señalados por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic como coautores de los delitos de tortura agravada y falsedad ideológica de documento público. El juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público y firmó la orden de detención, luego de evaluar la solidez de las pruebas reunidas en el expediente: testimonios de las víctimas, informes médicos, fotografías de las lesiones y documentación oficial que -según la acusación- fue adulterada para encubrir los hechos.

El expediente, que ya acumula más de un centenar de fojas, describe con crudeza el operativo desplegado por los uniformados aquella madrugada dentro de los calabozos de la seccional ubicada en Almirante Brown entre 92 y 94, en Punta Lara. Según se desprende de la resolución judicial, los detenidos reclamaban por las condiciones de encierro cuando un grupo de efectivos ingresó a las celdas, cortó la electricidad y desató un accionar violento: disparos con escopetas cargadas con postas de goma, lanzamiento de gas lacrimógeno y chorros de agua a presión a corta distancia, en un contexto de completa oscuridad.

La represión se prolongó durante horas. Una vez reducidos, los detenidos fueron desnudados, precintados y obligados a pasar por un “puente chino”, entre dos filas de policías que los golpeaban con puños, patadas y bastones reglamentarios. En su decisión, el juez consideró acreditado que la agresión continuó en el interior de una sala donde las víctimas -ya inmovilizadas y sin posibilidad de defensa- fueron sometidas a vejaciones y abusos sexuales, además de nuevas golpizas y amenazas de muerte. La descripción de los hechos se apoya en los testimonios coincidentes de ocho víctimas, cuyas declaraciones fueron tomadas en presencia de peritos y psicólogos especializados.

Este tramo de la investigación apunta al intento de encubrimiento: apenas concluido el episodio, los policías involucrados habrían confeccionado un acta oficial con datos falsos, en la que aseguraron que los internos “se habían agredido entre sí” y “portaban armas caseras”, para justificar las lesiones constatadas por los médicos. Esa maniobra de falsificación ideológica -según la fiscalía- demuestra una acción planificada para ocultar las torturas cometidas.

Con estas nuevas órdenes, el fiscal Petit Bosnic amplió el cerco sobre los distintos niveles de responsabilidad dentro de la estructura policial. Los cinco efectivos detenidos ahora se suman a los cinco que ya estaban presos desde agosto, entre ellos Oscar Fabián Castillo y Sergio Aguilar, quienes habían sido arrestados tras quedar imputados por los mismos delitos. En total, diez agentes enfrentan cargos por un hecho que la Justicia califica como “tortura agravada cometida por funcionarios públicos”, una figura que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

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