Multas y arresto por no vacunar a los hijos

En un escenario marcado por el retroceso de las tasas de vacunación y luego de que Mendoza resolviera llevar a la Justicia a los padres que no vacunen a sus hijos, Córdoba anunció que aplicará también sanciones para garantizar el cumplimiento del calendario infantil.

El gobierno cordobés adelantó concretamente que reformará un artículo del Código de Convivencia para sancionar a padres, tutores o responsables de menores de 18 años que no acrediten las dosis exigidas. Las penalidades previstas incluyen multas y hasta cinco días de arresto, o su reemplazo por tareas comunitarias.

La iniciativa no se limita al castigo. El ministro de Salud provincial, Ricardo Pickesteiner, explicó que las sanciones se activarán ante alertas de incumplimiento provenientes de cualquier sector del sistema de salud, público o privado, y que la estrategia se complementará con una fuerte presencia territorial.

“Saldrán masivamente los equipos de vacunación a clubes, escuelas y eventos masivos”, señaló el ministro, al tiempo que recordó que esta modalidad ya se aplica en residencias de adultos mayores y algunos festivales.

En Córdoba, el nivel de cumplimiento del calendario hasta los 18 meses alcanza el 74%. La meta oficial es llegar al 85%, un umbral que, según Pickesteiner, permitiría evitar el regreso de enfermedades que habían sido controladas o erradicadas, como la varicela, la tos convulsa o el sarampión.

En los últimos meses, sin embargo, se registraron brotes de varios de estos males en distintas provincias, un fenómeno que los especialistas asocian directamente con la baja en las coberturas.

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Los datos nacionales refuerzan la preocupación. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, en 2024 ninguna de las vacunas evaluadas alcanzó la meta del 95% necesaria para garantizar la inmunidad colectiva, y varias dosis clave quedaron por debajo del 50%.

La decisión cordobesa toma como antecedente la experiencia de Mendoza, que tipificó el incumplimiento del calendario como contravención y comenzó a realizar denuncias judiciales; tras lo cual unas 70 familias se acercaron a los vacunatorios.