El Gobierno Nacional presentó nuevas medidas destinadas a prevenir incendios forestales en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces, en un contexto marcado por condiciones climáticas que anticipan un verano especialmente riesgoso. La decisión llega en un momento en que las altas temperaturas y la falta de lluvias generan un escenario propicio para la propagación del fuego.
A través de la Resolución 390/2025, publicada ayer en el Boletín Oficial, la Administración de Parques Nacionales alertó que la combinación de factores meteorológicos actuales y los previstos para los próximos meses obliga a actuar con rapidez. El organismo advirtió que varios parques del país se encuentran en una situación desfavorable y requieren la aplicación urgente de medidas de resguardo.
En paralelo, las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut ya decretaron la emergencia ígnea y avanzaron con acciones propias de prevención y control. Estas medidas apuntan tanto a los concesionarios turísticos que operan dentro de las áreas protegidas como a los visitantes y a la población local, ante un riesgo que crece con el avance del verano.
Las autoridades también remarcaron que, ante la detección de infractores que puedan provocar focos de incendio, se aplicarán los procedimientos contravencionales correspondientes. Y en los casos en que se demuestre responsabilidad directa en la generación de un desastre, se impondrá la sanción más severa contemplada por la normativa vigente.
La prohibición total del uso de fuego en los parques regirá hasta el 30 de abril de 2026 y sólo excluye de su cumplimiento a las instalaciones específicamente habilitadas para cocinar dentro de espacios administrados por prestadores turísticos autorizados, ya se trate de concesionarios o permisionarios.
El documento aclara, además, que cualquier infracción relacionada con el uso del fuego en áreas protegidas derivará no solo en la denuncia penal correspondiente, sino también en la aplicación de las sanciones máximas previstas por la reglamentación en vigor.
Cualquier infracción derivará en una denuncia penal y la máxima sanción prevista
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