Piden que Alberto Fernández vaya a juicio por violencia de género

El fiscal federal Ramiro González firmó el requerimiento de elevación a juicio oral contra Alberto Fernández, a quien acusa de ejercer violencia física y psicológica contra su expareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez, durante más de una década. La acusación incluye lesiones graves y leves, amenazas y coacciones, todas agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género.

De prosperar, Fernández se convertirá en el primer expresidente argentino en afrontar un juicio oral por este tipo de delitos. La querella ya adelantó que no aceptará salidas alternativas como la probation o acuerdos económicos: exige que el caso sea debatido públicamente ante un tribunal.

El alcance de la investigación

La causa se inició tras una revelación periodística que mostró fotos de lesiones en el brazo y el rostro de Yáñez, tomadas en 2021, cuando Fernández era presidente y residía en la Quinta de Olivos. Las imágenes, enviadas por WhatsApp a la secretaria presidencial María Cantero, fueron la primera prueba documentada de las agresiones.

El expediente no se limita al período presidencial. Incluye hechos anteriores a la llegada a la Casa Rosada y posteriores a la finalización del mandato. La fiscalía sostiene que hubo una violencia sostenida en el tiempo, marcada por “una relación asimétrica de poder” en la que el imputado ejerció hostigamientos, humillaciones, indiferencia, controles y destrato.

Delitos y pena prevista

El juez federal Julián Ercolini procesó a Fernández por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, doblemente agravados por el vínculo y por mediar violencia de género, más amenazas coactivas. La Cámara Federal porteña confirmó ese procesamiento en abril de este año.

La fiscalía sostiene que hubo una violencia sostenida en el tiempo por parte de Alberto F.

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En caso de ser declarado culpable, las penas previstas para este conjunto de delitos —en concurso real— van de 3 a 18 años de prisión. La fiscalía subrayó que la gravedad de los hechos y el contexto de violencia de género impiden contemplar beneficios procesales que eviten el juicio oral.

Coacciones y silenciamiento

Según el dictamen fiscal, Fernández habría ejercido presiones para impedir que Yáñez denunciara los hechos, amenazándola con afectar la manutención y la tenencia del hijo en común. Estas coacciones, sumadas a las agresiones, llevaron a que inicialmente la causa fuera archivada, hasta que en agosto de 2024 la ex primera dama decidió impulsar la acción penal.

El fiscal González señaló que el caso encuadra como un asunto de derechos humanos de las mujeres, lo que obliga a evaluar la prueba teniendo en cuenta las dinámicas de violencia en el ámbito privado y las situaciones de vulnerabilidad de la víctima.

Las pruebas reunidas

La investigación incluyó testimonios de médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, familiares y allegados a Yáñez, así como registros de ingreso y egreso de la residencia oficial, documentación médica, historias clínicas, videos y mensajes de WhatsApp.

El peritaje sobre el teléfono de Fernández, solicitado por él mismo, corroboró la autenticidad de comunicaciones que la defensa había intentado cuestionar. Para la fiscalía, el material reunido prueba que el exmandatario ejerció violencia de manera sistemática desde al menos 2016.

Un juicio sin precedentes

La presentación de González de 180 páginas concluye que “ya no existe nada más que discutir en la etapa preparatoria” y que el caso debe resolverse en un juicio oral y público. El juez Ercolini, en resoluciones anteriores, le había pedido al exmandatario que dejara de “dilatar lo inevitable” y se prepare para dar explicaciones ante un tribunal.