Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas

Gobierno y oposición miden fuerzas antes de la sesión clave del 11 de febrero, cuando comenzará a discutirse en el Senado la reforma laboral. En los días previos, ambos bandos despliegan todos los recursos disponibles para alcanzar el número que garantice la aprobación o el rechazo de la iniciativa. El oficialismo, que cuenta con 20 votos propios, necesita llegar al número mágico de 37 voluntades, lo que lo obliga a convencer a sectores del radicalismo y a negociar con los gobernadores. El peronismo, por su parte, reúne 27 senadores, aunque se trata de un bloque lejos de ser monolítico. En el medio de ese tironeo, los mandatarios provinciales vuelven a ocupar un rol decisivo.

La estrategia del Gobierno consiste en mostrarse receptivo y dialoguista frente a los planteos opositores. El cambio de escena implica reforzar el papel de interlocutores de Martín Menem, “Lule” Menem y del ministro del Interior, Diego Santilli, todos con mayor vocación negociadora y un ADN peronista que facilita el contacto con la dirigencia sindical. La movida incluye suavizar la postura discursiva de Patricia Bullrich y promover el corrimiento, aunque discreto, de Federico Sturzenegger, principal artífice de la reforma y el menos dispuesto a conceder cambios. En ese marco, Bullrich impulsó la creación de una comisión encabezada por la abogada Josefina Tajes, encargada de recopilar objeciones y articular con los bloques aliados.

LOS SINDICATOS Y LA OPOSICIÓN

La posibilidad de un diálogo con los sindicatos permanece abierta, aunque más como una herramienta para reforzar la imagen dialoguista del Gobierno que como una vía real para modificar el corazón del proyecto. El principal temor en el oficialismo es que la resistencia a la reforma termine convirtiéndose en una bandera política capaz de unificar a la oposición, como ocurrió en 2017 con la reforma previsional.

Del lado opositor, llama la atención el silencio -o la tibieza- con la que buena parte del peronismo se expresó frente a la iniciativa. Solo el gobernador Axel Kicillof salió públicamente a respaldar los planteos de la CGT. El resto parece delegar en la “columna vertebral del movimiento” la responsabilidad de enfrentar los cambios en las relaciones laborales. La duda que sobrevuela es si se trata de una conducta deliberada o es el reflejo de una pérdida de influencia real del peronismo sobre amplios sectores sociales.

Como telón de fondo, el escándalo que sacude a la AFA sigue creciendo

En ese contexto, la conducción cegetista anunció una gira nacional para exponer su rechazo a la reforma ante los gobernadores. Incluso trascendió que la central sindical tendría en carpeta un proyecto propio. Cristian Jerónimo (vidrio) y Jorge Sola (seguro) serán los encargados de encabezar las reuniones, mientras que Jorge “Pájaro” Argüello, de Camioneros, el más duro del trío, empuja la alternativa de una nueva movilización callejera. La receptividad de los gobernadores es una incógnita: hoy están más concentrados en discutir con la Casa Rosada el flujo de fondos nacionales y muestran creciente preocupación por el capítulo tributario de la “modernización laboral”, que implica recortes en impuestos coparticipables. Aunque nadie lo admite en voz alta, ese capítulo funciona como una herramienta de presión: el apoyo a la reforma aparece atado a eventuales alivios financieros para las provincias.

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LA AFA Y LOS FONDOS SINDICALES

Como telón de fondo, el escándalo que sacude a la AFA sigue creciendo. Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino se defienden argumentando que los fondos manejados pertenecen a los clubes y a la AFA, y que el Estado no debería intervenir. El paralelismo con el manejo de los fondos sindicales y de las obras sociales es inevitable: entidades privadas que administran recursos de enorme magnitud sin controles efectivos. La falta de transparencia y la discrecionalidad explican la consolidación de una casta sindical enriquecida, con dirigentes que controlan sus estructuras desde hace décadas.

Hoy, el núcleo del conflicto con la CGT gira en torno al derecho de huelga, la ultraactividad de los convenios colectivos, la cuota solidaria y la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), que se financiaría con un aporte obligatorio del 3% descontable de las contribuciones patronales. Para la central obrera, el FAL “desfinancia el sistema previsional y de salud y le entrega al Estado un manejo discrecional de esa caja”.

En paralelo, el debate sobre el control del poder -sea sindical o deportivo- vuelve a quedar expuesto. La discusión de la reforma laboral no solo pone en juego un nuevo esquema de relaciones de trabajo, sino también la persistencia de estructuras poco transparentes que operan lejos del escrutinio público. Y en ese punto, más allá de discursos y estrategias, la verdadera disputa es por quién conserva el control de cajas, territorios y poder real.

LA CONFUSIÓN ENTRE REPRESENTACIÓN Y PROPIEDAD

Detrás de la retórica de defensa de los derechos laborales, la reacción de la CGT expone, una vez más, la lógica de autopreservación de una dirigencia que hace décadas confunde representación con propiedad. El derecho de huelga, la ultraactividad y la cuota solidaria aparecen menos como conquistas a proteger que como herramientas para conservar poder y recursos. Mientras el mundo del trabajo se precariza y muta, la central obrera sigue anclada en una estructura cerrada, con líderes que no rinden cuentas y que administran recursos millonarios lejos de cualquier control efectivo. La paradoja es evidente: la reforma que dicen combatir por “regresiva” interpela, en realidad, a un sindicalismo que hace tiempo dejó de representar a los trabajadores formales e informales y que hoy pelea, antes que nada, por no perder privilegios. En ese espejo incómodo, la CGT no discute el futuro del trabajo, sino la supervivencia de su propio poder.