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Comenzó el debate contra Juan Ignacio Buzali. Le imputan un homicidio simple con dolo eventual en grado de tentativa. El hecho ocurrió el 1º de enero de 2021. La teoría del accidente
Buzali y su ex mujer, Carolina Piparo, que está citada como testigo / Web
Con una primera jornada muy intensa, que extendió hasta pasadas las 18, ayer dio comienzo el juicio oral y público contra Juan Ignacio Buzali, el ex marido de la actual directora del Banco Nación Carolina Piparo, a quien imputaron por una persecución en La Plata ocurrida hace más de cinco años. Concretamente, le endilgaron el delito de “homicidio simple con dolo eventual en grado de tentativa”. Es en perjuicio de dos jóvenes motociclistas que resultaron heridos, aunque su defensa asegura que se trató de un accidente en una escena confusa.
El debate, que está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci, el mismo cuerpo que oportunamente le concedió la excarcelación y le permitió llegar en libertad al proceso, avanzó con los alegatos de inicio, la incorporación por lectura de algunas piezas documentales y el relato de las víctimas -Luis Elías Lavalle e Iván Coronel- y testigos.
Lavalle por ejemplo recordó que aquella madrugada manejaba su motocicleta y que su amigo Iván Coronel iba como acompañante. Dijo que circulaban con normalidad cuando sintieron el impacto de un vehículo que se desplazaba detrás suyo.
Se trataba del Fiat 500 conducido por Buzali, que en ese instante era acompañado por Piparo.
“Cuando caí al piso lo primero que pensé fue que Iván estaba muerto”, relató ante los jueces.
Por su parte, Coronel -quien al momento del hecho era menor de edad- sostuvo que el auto “venía rápido y aceleró” antes del choque. Detalló que su cuerpo “rebotó en el capot, después en el techo y finalmente cayó sobre la cinta asfáltica”.
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También declararon que Buzali no frenó y que se llevó varios metros la moto enganchada debajo de la carrocería del vehículo.
El eje jurídico del proceso entonces está centrado en determinar si la conducta del imputado encuadra en una figura dolosa -como sostiene la fiscalía- o si, por el contrario, se trató de un hecho culposo derivado de un siniestro vial, como plantea la defensa.
Según la acusación formulada en la etapa de instrucción, Buzali habría embestido de manera consciente y deliberada a una motocicleta en la intersección de 21 y 40, provocando la caída y lesiones de sus ocupantes, Luis Lavalle y un adolescente de 17 años.
Para el Ministerio Público Fiscal, el imputado actuó con dolo eventual, es decir, representándose la posibilidad concreta de causar la muerte y avanzando igualmente con su accionar, con “total desprecio por el resultado”.
La figura de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual prevé penas significativamente más gravosas que un delito culposo.
En cambio, si el tribunal entendiera que se trató de un hecho imprudente sin intención ni aceptación del resultado lesivo, el encuadre podría mutar hacia lesiones culposas o un delito vinculado a la conducción imprudente, con un marco punitivo considerablemente menor y hasta prescripto.
Cabe recordar que en los primeros momentos del hecho, desde la defensa se había echado a correr la versión de que Buzali y Piparo habían sufrido un asalto un rato antes del siniestro y que pensaron que los motociclistas, al cruzarlos, eran parte de los atacantes. Por eso los siguieron.
Claro que después esa narrativa pareció silenciarse y ahora se espera conocer bien cuál es la postura adoptada. Se sospecha que solo hablarán de un accidente, como cualquier otro.
El caso tuvo un derrotero judicial extenso. La jueza de Garantías que intervino en la etapa inicial ordenó la detención de Buzali el 9 de enero de 2021 y rechazó sucesivos pedidos de excarcelación, criterio que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones.
El imputado permaneció en esa situación hasta el año siguiente, cuando consiguió un arresto domiciliario.
Por aquel entonces contaba con la asistencia jurídica de Marcelo Peña, quien promovió el incidente de morigeración. Hoy la representación de Buzali es ejercida por el estudio de Francisco Oneto y Hugo Pinto.
Fue -como se dijo- el Tribunal encargado de juzgarlo el que terminó por darle la libertad plena. Claro que hoy empezó otra historia. La de valorar pruebas y dictar sentencia.
La acusación oficial está en manos del fiscal Juan Pablo Caniggia, mientras que las víctimas están representadas por los abogados Martín De Vargas y Micaela Vivas (en el caso de Lavalle) y por Axel Hurtado (en representación de Coronel).
No se puede pasar por alto, más allá del plano estrictamente penal, que este expediente tuvo una fuerte repercusión pública y política por la figura de Carolina Piparo, quien atravesó distintas etapas de su carrera política mientras avanzaba la causa judicial.
Esa exposición mediática convirtió el proceso en uno de los más seguidos en los medios y las redes sociales.
Para hoy está previsto que continúe la ronda de declaraciones, entre las que figuran policías y peritos.
El proceso contempla varias jornadas ininterrumpidas de desarrollo, hasta el 10 de marzo venidero, a la espera de la decisión final.
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