Reforma laboral: grieta en el PJ y ¿judicialización?

A días del inicio de las sesiones extraordinarias, el bloque de diputados de Unión por la Patria atraviesa tensiones internas por la falta de una estrategia unificada frente a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Las diferencias se hicieron visibles tras la presentación de un proyecto propio de modernización laboral por parte de la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos, que reunió firmas de legisladores de distintos sectores del peronismo.

La iniciativa fue acompañada por diputados que no responden a la conducción política de Cristina Kirchner, entre ellos el massista Guillermo Michel, aunque luego sumó adhesiones de referentes de peso como Eduardo Valdés, Agustín Rossi y Hugo Yasky. El movimiento generó malestar en sectores del kirchnerismo y del PJ, que reclamaron “orden” interno y respaldaron el proyecto elaborado en la Secretaría de Trabajo del Partido Justicialista, encabezada por la diputada gremialista Vanesa Siley.

Desde el camporismo advirtieron que el bloque no puede “mostrar fisuras” ante una discusión que consideran central. También señalaron que la presentación de proyectos alternativos durante sesiones extraordinarias carece de impacto práctico, ya que solo pueden tratarse iniciativas incluidas en el temario del Poder Ejecutivo.

La disputa por la conducción política

Pese a las críticas, Olmos relativizó las tensiones y defendió la necesidad de ampliar el debate. Sostuvo que lo prioritario es exponer lo que consideran los efectos negativos del proyecto oficial y cuestionó la intención del Gobierno de acelerar su tratamiento.

El peronismo insiste en que su estrategia será firmar un dictamen en minoría cuando el texto oficial llegue a Diputados. En el Senado, en cambio, Unión por la Patria no presentó despacho propio tras retirarse de la comisión de Trabajo en protesta por el reparto de lugares. De ese modo, solo prosperó el dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza y sus aliados.

Aunque reconocen coincidencias programáticas entre los distintos proyectos opositores —como el fortalecimiento de la negociación colectiva, la reducción de la jornada laboral y la ampliación de licencias—, en el kirchnerismo remarcan que el problema fue la falta de coordinación política más que el contenido.

LE PUEDE INTERESAR

Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos

LE PUEDE INTERESAR

En qué gastaron sus dólares los argentinos

La oposición rechaza de plano la reforma oficial, al considerar que flexibiliza el mercado laboral y deteriora derechos adquiridos. Entre sus propuestas figuran paritarias sin techo, mayor centralidad del Consejo del Salario, pago íntegro del salario en dinero y regulación específica para trabajadores de plataformas digitales, con reconocimiento de relación laboral y transparencia en algoritmos.

También impulsan la ampliación de licencias parentales financiadas por la ANSES, la reducción progresiva de la jornada laboral y el fortalecimiento del derecho a la desconexión en modalidades remotas o híbridas. Otro punto es la creación de un bono anual de participación en ganancias, previsto en la Constitución pero nunca aplicado de forma generalizada.

Números adversos en el Senado

Más allá del debate interno, el peronismo enfrenta un escenario legislativo complejo. En el Senado, el interbloque opositor que reúne al bloque Justicialista, el Frente Cívico de Santiago y Convicción Federal sumaría, en el mejor de los casos, 28 votos en contra, lejos de los 37 necesarios para frenar la ley.

Parte de la expectativa está puesta en la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada, especialmente por la disputa por fondos coparticipables. Sin embargo, en la oposición reconocen que es poco probable reunir los apoyos suficientes para bloquear el proyecto.

La carta judicial

Ante la posibilidad concreta de una aprobación, el peronismo ya anticipa que recurrirá a la Justicia. La estrategia replica el antecedente del DNU 70, cuyo capítulo laboral fue suspendido por inconstitucional. En este caso, el argumento será distinto: sostendrán que la ley vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y viola el principio de no regresividad de los derechos laborales.

Desde ese espacio aseguran que la reforma facilita despidos, debilita convenios colectivos y reduce protecciones, trasladando riesgos al trabajador. Gobernadores como Axel Kicillof ya calificaron la iniciativa como una amenaza a derechos históricos, mientras que el oficialismo respondió acusando a la oposición de obstaculizar la generación de empleo.

Mientras la CGT y sectores sindicales intensifican la presión política, el peronismo intenta resolver sus propias fracturas. En el Senado admiten la existencia de miradas diversas, aunque remarcan que la prioridad es trabajar junto a las centrales obreras.

La reforma laboral, así, no solo abre un frente de conflicto entre oficialismo y oposición, sino que expone disputas de liderazgo y estrategia dentro del principal bloque opositor, que ya se prepara para trasladar la pelea del Congreso a los tribunales.