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Dos años después de su muerte en una prisión ártica, el caso Alexéi Navalni cambió de categoría: dejó de ser un misterio para convertirse en un escándalo internacional con respaldo científico. Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos anunciaron que estudios toxicológicos independientes detectaron en su cuerpo epibatidina, una de las neurotoxinas naturales más potentes conocidas.
El hallazgo fue realizado a partir del análisis de muestras biológicas conservadas tras su fallecimiento. Los gobiernos europeos fueron tajantes: la sustancia no se encuentra de forma natural en Rusia y su presencia indica un envenenamiento deliberado.
El comunicado conjunto afirma que “solo el Estado ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad” para administrar la toxina durante su encarcelamiento. El caso ya fue denunciado ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), lo que eleva la disputa a nivel diplomático y jurídico internacional.
La epibatidina no es un veneno común. Se trata de una neurotoxina extremadamente rara aislada por primera vez en la década de 1970 a partir de ranas dardo venenosas del género Epipedobates, originarias de las selvas húmedas de Ecuador y otras regiones del norte de Sudamérica.
Estas ranas, pequeñas y de colores brillantes, son conocidas por su toxicidad extrema. Las comunidades indígenas amazónicas usaban secreciones de anfibios venenosos para impregnar puntas de flechas de caza. La epibatidina pertenece a ese universo biológico: un compuesto natural diseñado por la evolución como mecanismo de defensa.
Desde el punto de vista químico, la sustancia actúa sobre el sistema nervioso central. Interfiere con los receptores nicotínicos de acetilcolina, alterando la transmisión neuromuscular. Sus efectos incluyen: parálisis progresiva; colapso respiratorio; dolor intenso; y fallo cardíaco; muerte por asfixia.
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Medios británicos describen su potencia como cientos de veces superior a la morfina. No es un analgésico común ni un agente médico aprobado: su margen entre dosis activa y dosis letal es prácticamente inexistente. En términos simples, es una sustancia que el cuerpo humano no puede tolerar.
Expertos en toxicología la consideran una molécula extremadamente difícil de detectar si no se la busca específicamente. Eso la convierte, según analistas occidentales, en una herramienta perfecta para un asesinato encubierto.
El caso Navalni no es un hecho aislado. En 2020, el opositor sobrevivió a un envenenamiento con Novichok, un agente nervioso vinculado a programas químicos soviéticos. Aquella vez fue evacuado a Alemania y logró recuperarse, pero el episodio instaló una acusación global contra Moscú.
Con la aparición de la epibatidina, el patrón que describen los gobiernos europeos es inquietante: el uso de toxinas raras, exóticas y difíciles de rastrear contra enemigos políticos.
Para los investigadores occidentales, la elección de un veneno sudamericano no es casual. Se trata de una sustancia fuera de los registros habituales de control, lo que complica su detección inmediata y permite simular muertes naturales.
La viuda del opositor, Yulia Navalnaya, habló en la Conferencia de Seguridad de Múnich con una frase que sintetizó la acusación: “Putin mató a mi marido con un arma química. Hoy eso está probado científicamente”.
Navalni murió el 16 de febrero de 2024 en la colonia penal IK-3, conocida como “Lobo Polar”, una de las cárceles más aisladas del planeta. Está ubicada en Jarp, dentro del círculo polar ártico ruso, en una región de temperaturas extremas y acceso casi imposible.
La prisión es sinónimo de castigo físico y psicológico: celdas mínimas, aislamiento prolongado y denuncias históricas de abusos.
Cumplía una condena de 19 años que él calificaba como persecución política. Su fallecimiento fue comunicado como muerte natural. La nueva evidencia desarma esa versión.
Para sus seguidores, el escenario es simbólico: el opositor más visible de Rusia murió en el lugar más remoto posible, y ahora se afirma que lo hizo bajo los efectos de una toxina diseñada para no dejar rastros.
La aparición de una toxina originaria de la selva ecuatoriana agrega un elemento casi cinematográfico al caso. Científicos recuerdan que estas ranas obtienen su toxicidad a partir de su dieta: insectos y artrópodos que concentran alcaloides naturales.
Fuera de su hábitat, los anfibios pierden parte de su veneno. Eso significa que la epibatidina utilizada no provendría simplemente de un animal capturado, sino de un proceso de aislamiento químico sofisticado.
Esa particularidad refuerza la hipótesis de una operación estatal. No se trata de un veneno accesible en el mercado negro: es una sustancia que requiere conocimiento técnico, infraestructura y recursos.
Los cinco países europeos sostienen que el uso de epibatidina viola la Convención sobre Armas Químicas y advierten que Rusia podría no haber destruido completamente su arsenal. Prometieron usar “todos los instrumentos políticos” para exigir responsabilidades.
La denuncia ante la OPAQ abre un frente legal que podría derivar en sanciones adicionales y aislamiento diplomático.
Mientras tanto, la narrativa del Kremlin —muerte natural— choca de frente con un informe que habla de asesinato químico.
Más allá del conflicto geopolítico, el caso Navalni reaviva el debate sobre la represión política en Rusia. El abogado convertido en activista anticorrupción movilizó a cientos de miles de personas y se convirtió en el rostro más reconocible de la oposición a Vladimir Putin. Su muerte ya era un símbolo. La acusación de envenenamiento la transforma en un mensaje.
Para sus seguidores, no se trata solo de justicia por un hombre. Se trata de demostrar que el poder puede matar en silencio… y aun así dejar huellas. Y esta vez, dicen, el veneno habló.
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