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El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, anunció ayer el “inicio de una acción penal” en la causa en la que investiga al presidente y al tesorero de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, por considerar probado el delito de “lavado de activos”.
“Hicimos un requerimiento de instrucción, que sería el inicio de la acción penal contra Tapia Toviggino y un grupo de 26 personas físicas que consideramos que estaban involucradas en el delito de lavado de activos”, anticipó Simón en declaraciones radiales
El fiscal explicó que el dinero blanqueado “proviene de otro delito independiente, que sería la defraudación a la AFA y la apropiación indebida de tributos”.
Y agregó: “Nosotros investigamos lavado de activos provenientes de esa defraudación según la hipótesis que tenemos en análisis y la desarrollamos en el dictamen que presentamos”.
Según la fiscalía, “de los fondos de la AFA se desviaban importantes sumas a empresas del grupo Toviggino; él no estaba en ninguna, pero sí sus familiares y allegados, que iban rotando: son entre 12 y 15 empresas, con facturas con montos sumamente importantes”.
Esas sumas se pagaban, aunque “no había servicios efectivamente prestados”, dijo, y como ejemplo mencionó que “una empresa llamada Lindor fue creada en 2025 y al mes siguiente facturaba 300 millones a AFA”.
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Aseguró que el caso de Lindor “es sugestivo”, y aseveró que lo mismo ocurría con “una sucesión de empresas sin facturaciones y con triangulaciones de compra de bienes”.
“En el requerimiento —añadió el fiscal— hemos descripto las tres o cuatro fases del lavado de activos. Los fondos venían a una empresa que facturaba y en 48 horas pasaba a otra, en lo que llamamos sociedades espejo, y todas respondían a un mismo grupo económico, ya que los socios rotaban entre sí”.
Por otro lado, la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el 11 de mayo para escuchar los argumentos de las partes y decidir qué juez debe investigar a Tapia y Toviggino por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero por la mansión de Pilar, supuestamente a nombre de testaferros de las autoridades de la organización deportiva.
Así lo resolvieron los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, quien al mismo tiempo confirmaron al fiscal de Casación, Mario Villar, al frente del caso. La permanencia de Villar había sido cuestionada por el monotributista Luciano Pantano y su madre Ana Conte, que figuran como titulares de la sociedad Real Central, dueña de la propiedad de Pilar.
Tras la audiencia del 11 de mayo, los jueces deben resolver qué tribunal es competente para investigar el caso: si el juez federal de Campana Adrián González Charbay (como reclama la AFA), si el juez Daniel Rafecas (como opina el fiscal Villar) o si el juzgado en lo penal económico 10, a cargo de Verónica Straccia.
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