Necesidad de buscar un acuerdo para normalizar el servicio de Justicia

La convocatoria del Gobierno provincial a los empleados judiciales destinada a continuar este lunes con las negociaciones que procuran resolver el conflicto existente por razones salariales y evitar, de esa manera, la sucesión de paros y medidas de protesta que afectan el desarrollo de la administración de Justicia –ello a pesar de que fracasaron los diálogos entablados anteriormente y de que el sector gremial anunció un nuevo paro de 48 horas- constituye un paso que podría resultar positivo, en la medida en que ambas partes agoten esfuerzos para normalizar la actividad de los tribunales bonaerenses.

Correspondería aquí reseñar que, al analizar en esta columna otros conflictos gremiales, como los que se suscitaron, por ejemplo, en el área educativa de la Provincia y señalar que siempre ocurría lo mismo –en el sentido de que eran millones de alumnos los que terminaban pagando por los desacuerdos entre los docentes y los gobiernos de turno, ya que perdían días de clases- por analogía puede decirse lo mismo con lo que viene sucediendo en el ámbito de la justicia provincial.

Aquí son también muchísimas las personas –sean ellas justiciables, abogados y demás profesionales relacionados a la vida tribunalicia- los que terminan pagando los platos rotos por las posiciones controvertidas que, en ocasiones, se prolongan indefinidamente y que no alcanzan a conciliarse entre el Gobierno y los empleados de la Justicia. Sería, ciertamente, una interpretación injusta y superficial suponer que aquí se intentan condenar las reivindicaciones sectoriales, sino que, tan sólo, se insta a que se busquen soluciones que impidan la prestación eficaz del servicio de Justicia.

No escapa a nadie que sobre el Poder Judicial –como integrante de los tres poderes institucionales- descansa una de las más trascendentes y delicadas funciones institucionales. La vida de cualquier país sufriría un enorme desmedro si no contara con la presencia de una administración de Justicia eficaz e independiente de los otros poderes. De allí que cualquier circunstancia que afecte a su actividad debe ser superada de la manera más rápida posible.

En el actual conflicto, que amenaza con prolongarse, debe subrayarse, entonces, la imperiosa necesidad de hallar mecanismos que faciliten un mayor acercamiento y que, fundamentalmente, contemplen la totalidad de los intereses puestos en juego. Así lo han señalado en los últimos años los numerosos reclamos formulados por los colegios de abogados, cuando expresaron que el ejercicio del derecho de huelga no debería impedir el derecho al acceso a la Justicia y tampoco el derecho de trabajar de los abogados. Está demás señalar que los salarios de los empleados y funcionarios son un factor determinante de la calidad de la prestación del Poder Judicial. No se puede esperar una justicia eficaz y, mucho menos, independiente, sin que el personal se encuentre bien remunerado y jerarquizado.

Pero más allá de estas realidades y de los planteos gremiales -cuyo derecho constitucional a presentarlos ante las autoridades responsables resulta incontrastable- debieran también, en todo caso, encontrarse maneras de protesta que no se traduzcan, como viene ocurriendo desde hace muchos años, en la paralización de la actividad de los tribunales. Es demasiado trascendente la administración de Justicia como para no confiar en que atienda debidamente a la comunidad a través de una prestación eficaz y continuada.