Por MARTÍN TETAZ (*)
Twitter: @martintetaz
El mandatario de la provincia cuyana salió del despacho de la Casa Rosada con una sonrisa imposible de disimular, se paró frente a los periodistas y les dijo: “El Presidente [Mauricio Macri] me acaba de garantizar que no habrá impuesto al vino, ni al champagne.
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Horas después, por Radio Mitre, su par de “La Linda” dejó trascender que las bebidas que usaban jugos producidos por economías regionales y azúcar proveniente del “Jardín de la República” también estaban en negociaciones avanzadas para esquivar las balas de la reforma tributaria que acaba de presentar en sociedad el Gobierno nacional.
La velocidad con la que el gobierno cedió sugiere que esa parte de la reforma tenía la suerte sellada en su propia génesis, que más bien se trataba de una pieza de negociación para dirigir el conflicto a un objetivo fácil de entregar, al tiempo que se preservaba el corazón de la propuesta.
DÉFICIT FISCAL
El modelo económico que le permitió superar las expectativas electorales a Cambiemos está basado en un cierre gradual del déficit fiscal, por lo que la deuda será una constante por los próximos años, generando un continuo ingreso de divisas que mantendrán al dólar desinflado. En ese contexto no habrá chances de recuperar competitividad empresaria por la vía de una devaluación. Esa es la razón por la que desde el Ministerio de Hacienda se puso el foco en una reforma que recompone fuertemente la rentabilidad de las futuras inversiones.
Si la iniciativa prospera en el Congreso, la reinversión de utilidades de las sociedades pagará solo 25 por ciento de impuesto a las ganancias, contra los 35 puntos habituales, de manera que mientras que antes, cada 100 pesos de ganancia reinvertida solo quedaban 65 luego del pago de impuestos, destinados a aumentar la capacidad de producción, ahora quedarán 75 pesos, generando una rentabilidad adicional de 15 por ciento en el primer año de cualquier proyecto.
“El posible que el empresario del vino decida pagarle menos a los productores”
Sumemos a eso la devolución prácticamente instantánea del IVA del dinero dirigido a nuevos emprendimientos y la posibilidad de tomar a cuenta de Ganancias todo lo pagado por impuesto al cheque, que en la práctica equivale a eliminar su peso en las cuentas de cualquier negocio.
Además, las empresas ya no pagarán 17% de aportes a la seguridad social por toda su plantilla, sino que habrá un mínimo no imponible de $12.000. Esto quiere decir que si una firma contrata un trabajador por un salario de 20.000 pesos, por ejemplo, solo abonará por impuestos por los $8.000 que se pasan del mínimo establecido. Es cierto que la tasa subirá al 19,5% en ese caso, pero para todos los salarios menores a 94.000 pesos, el empleador acabará pagando menos impuestos que antes y la diferencia será mucho más grande para las empresas que emplean operarios de bajos salarios, como ocurre en muchas de las economías regionales.
IMPUESTOS PROGRESIVOS
Aunque las personas jurídicas ya pagan el 35% de impuestos sobre todas sus ganancias, sin importar si estas provienen de actividades productivas o financieras, las personas físicas no venían haciéndolo y ahora deberán tributar 5% por sus utilidades en pesos y 15% por la renta financiera que obtengan de colocaciones en dólares, con un mínimo no imponible de 52.000 pesos.
Por ejemplo, una familia con un plazo fijo de $300.000 colocado al 20 por ciento de interés en un banco, “gana” 60.000 pesos de intereses y paga entonces el 5 por ciento sobre los $8.000 en que se pasa del mínimo, de manera que acaba soportando 400 pesos de impuestos que antes no tenía.
Las comillas sobre “gana” vienen a cuento de que en realidad mientras la tasa de interés esté por debajo de la inflación no es cierto que esté realmente ganando dinero con ese depósito, porque con lo que le pagan ni siquiera recupera lo perdido con la inflación. Esta es una de las razones por las que siempre he desaconsejado este tipo de impuestos para colocaciones en pesos, hasta que Argentina tenga una inflación razonable y pueda ofrecer una rentabilidad positiva a los ahorristas.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque si los ahorristas repudian este nuevo impuesto, le pedirán a los bancos un poco más de interés por su dinero, endosándole la carga del tributo a las entidades financieras.
Como estos no son dueños del dinero sino tan solo intermediarios, lo que finalmente ocurrirá es que también tratarán de esquivar el gravamen y se lo trasladarán al que pida un crédito.
Del mismo modo hay que pensar a los impuestos internos, que, si bien es verdad que todo parece indicar que muchos de ellos se caerán antes de llegar al Congreso, pocas veces ocurre que acaban siendo pagados por el contribuyente que tenía en mente el legislador. Tomemos el caso de los vinos. Como esa bebida tiene muchos sustitutos y resulta fácilmente prescindible por parte de los consumidores, no siempre el empresario podrá trasladar el nuevo impuesto al precio. Es probable que tenga que pagarles menos a los productores de uvas, o a los trabajadores de su bodega, sin que podamos descartar que termine absorbiendo las perdidas y que con una menor rentabilidad directamente abandone el negocio, o no haga nuevas inversiones. Lo mismo puede ocurrir con los jugos de frutas; es perfectamente posible pensar que el empresario no pueda aumentar esas bebidas y que decida pagarle menor a los productores de las economías regionales o directamente demandar menores cantidades de los productos que ellos cosechan.
En cualquier caso, sobre todo después del aparente freno en materia de bebidas, la reforma propuesta genera un sistema impositivo más progresivo, que baja impuestos para las inversiones y los eleva para las personas que más tienen.
(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) y autor de "Casual Mente" y "Psychonomics"
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