México quiere denunciar en la ONU el nuevo plan migratorio de Trump

CIUDAD DE MEXICO.- México no dudará en denunciar a EE UU ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) si los decretos contra inmigrantes emitidos por el presidente Donald Trump violan el derecho internacional, según afirmó ayer el canciller Luis Videgaray.

El gobierno de México “va a actuar por todos los medios jurídicamente posibles para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, particularmente, en EE UU”, expresó Videgaray durante la firma de un acuerdo entre México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que encabeza Zeid Raad Al Hussein, sobre la continuidad de esa misión permanente en el país azteca, abierta en 2001.

México no aceptará las nuevas disposiciones migratorias de EE UU que incluso contemplan deportar al otro lado de su frontera sur a cualquier inmigrante indocumentado, sin clarificar si son mexicanos o de otra nacionalidad.

LA NUEVA NORMATIVA

Los nuevos decretos de Trump ordenan la captura y deportación de inmigrantes sin papeles, autorizan a las policías estatales y locales para esas acciones migratorias, permiten procesar a los inmigrantes con antecedentes penales y la construcción de un muro fronterizo.

El gobierno de Enrique Peña Nieto responderá con “un despliegue sin precedentes de información a los mexicanos que conozcan sus derechos, que sepan cómo actuar ante posibles violaciones a su dignidad y derechos humanos”, advirtió Videgaray. Las acciones en defensa de los mexicanos en EE UU, ilegales o no, serán ejecutadas “con absoluto respeto al estado de derecho en EE UU, acudiendo a las instancias jurisdiccionales correspondientes tanto en casos individuales como colectivos”, agregó. El gobierno mexicano destinó unos 45 millones de dólares a fines de enero para la defensa jurídica en tribunales de EE UU de los inmigrantes, y el presidente Peña Nieto prometió incrementar los fondos si fuera necesario.

La declaración de Videgaray es la primera respuesta oficial a las órdenes emitidas el martes por el Departamento de Seguridad de EE UU en dos memorandos que endurecen las leyes migratorias.

Las órdenes de Trump consideran a casi todos los inmigrantes ilegales como sujetos de deportación, pero aún no ha abolido las protecciones vigentes para los jóvenes inmigrantes que llegaron siendo niños llamados “dreamers” (soñadores).

Por su parte, el ministro mexicano del servicio diplomático Jacob Prado, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la cancillería, dijo que analiza “la posibilidad de llevar a litigio en foros internacionales algunos casos de repatriación de inmigrantes mexicanos”.

Un inmigrante que fue deportado a la ciudad fronteriza de Tijuana, se suicidó menos de una hora después de regresar a México, lanzándose de un puente fronterizo con la bolsa de escasas pertenencias que entregan las autoridades migratorias estadounidenses, avivando en México el sentimiento nacional de afrenta ante Trump (ver aparte).

De 500.000 repatriados en fechas recientes, sólo 27.000 cuentan en sus antecedentes con un delito grave, de acuerdo con cifras oficiales mexicanas.

Trump planea deportar como prioridad a 3 millones de indocumentados con antecedentes penales de los 11,5 millones “sin papeles”, mientras que en ocho años del mandato del ex presidente Barack Obama fueron deportados 2,8 millones, al tiempo que negociaba en el Congreso una extensa reforma migratoria que fue bloqueada por los republicanos. El total de mexicanos en EE UU es de más de 23 millones y forman una comunidad binacional mucho mayor, de tal manera que las deportaciones dividirían a miles de familias, cuyos miembros tienen distintos estatus migratorios.