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Por MARIANO SPEZZAPRIA
“Señores jueces, nunca más”. La frase resonó ayer en la Plaza de Mayo como una resignificación del alegato del fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas militares que asolaron al país entre 1976 y 1983. Pero en esta oportunidad, el mensaje apuntó directamente a los magistrados de la Corte Suprema que beneficiaron con la Ley del 2x1 a un represor de la última dictadura.
El fallo del máximo tribunal tocó una fibra sensible de la sociedad argentina, que en forma mayoritaria se manifestó durante la última semana en contra de que genocidas condenados puedan recuperar la libertad por medio de ese vericueto legal. La reacción también fue institucional: ayer mismo el Senado terminó de sancionar una ley que clausura esa posibilidad.
Mientras que al menos cinco tribunales inferiores declararon inconstitucional el pronunciamiento de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, quienes quedaron en la mira de los organismos de derechos humanos y de partidos de oposición pero no fueron cuestionados por el Gobierno. De hecho, recién ayer el presidente Mauricio Macri opinó sobre la controversia judicial.
“Estoy contento de que tengamos una Corte independiente, prestigiosa y que decide las cosas según el criterio jurídico que se presenta”, dijo el mandatario desde Mendoza. Macri reivindicó allí una lógica contraria a la interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, pese a que en los últimos días su pretensión de neutralidad lo emparentó a una cuestionada pasividad política.
El Presidente apeló, no obstante, a la comparación con su antecesora Cristina Kirchner como una forma de argumentar en favor de su silencio: “Ella actúa con la deformación que acarrea de haber gobernado queriendo manejar todos los poderes”, dijo en referencia a la ex presidenta, que en su visita a Europa sostuvo que en su gobierno un fallo de la Corte en tal sentido no hubiera existido.
Pero en rigor, la ex presidenta fue más allá en sus declaraciones y sostuvo, ante el Parlamento europeo en Bruselas, que “en sus principales resortes, el Poder Ejecutivo maneja al Judicial” en la Argentina. El enfrentamiento entre Macri y Cristina Kirchner ratificó sus distintas visiones sobre la manera de ejercer el poder, pero la polémica también adquirió una tónica política preelectoral.
A tal punto, que distintos sectores del peronismo aprovecharon ayer para fotografiarse con Estela de Carlotto en la previa del acto que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo. Allí, la titular de Abuelas calificó de “antidemocrático y pro-dictadura” al fallo dividido de la Corte, en una postura lejana de la del Presidente, que habló de un “vacío legal” que derivó en ese pronunciamiento.
Aunque algo de eso hubo, ya que de otro modo el Congreso no hubiera tenido que sancionar una ley interpretativa para no dar margen a los jueces a aplicar el 2x1 a los delitos de lesa humanidad. Hasta el ex juez de la Corte Zaffaroni, identificado con el kirchnerismo, debió reconocer ayer que pudo haberse “equivocado” en un fallo similar al caso del represor Muiña que emitió en 2013.
La aplicación de la ley penal más benigna resulta contraria al sentido común para los crímenes aberrantes como los cometidos en la última dictadura. Y también vulnera el espíritu de los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina con jerarquía constitucional. Por eso mismo al menos cinco tribunales inferiores ya fallaron en sentido contrario a los jueces de la Corte.
“Estoy contento de que tengamos una Corte independiente, prestigiosa y que decide las cosas según el criterio jurídico que se presenta”, dijo el Presidente
Pese a que difícilmente avancen los pedidos de juicio político contra Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco, los tres magistrados sufrirán un marcado descrédito en el propio Poder Judicial. Ayer mismo, el titular del Colegio de Abogados porteño, Jorge Rizzo, dijo públicamente que tendrían que “pensar muy seriamente” en la posibilidad de renunciar a sus cargos.
La controversia también descolocó al Gobierno, que con el correr de los días terminó rechazando el fallo e instruyó a sus bloques legislativos a accionar rápidamente en el Congreso. De hecho, la ley sancionada ayer por unanimidad en el Senado fue redactada por el presidente provisional Pinedo y otros miembros de Cambiemos. Pero el inesperado costo político se lo llevó Macri.
El mandatario parte hoy en una gira de diez días a Dubai, Japón y China, donde buscará atraer inversiones bajo el paragüas de una economía desregulada. Esa misma concepción es la que intenta imponer Macri en el plano político. “Controlar a la Corte no es el modelo que nos ayude a reducir la pobreza”, afirmó en Mendoza, donde pidió “crear las condiciones para el desarrollo”.
“Esas condiciones se crean a partir del equilibrio en la administración del poder”, sentenció. Así, evidenció su tendencia a encuadrar los problemas del país más en términos económicos que políticos. Así llegó Macri a la Casa Rosada y de esa manera está gobernando, aún cuando ese criterio lo lleve a desatender asuntos que constituyen valores vertebrales de los argentinos.
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