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Las impugnaciones presentadas en el Senado bonaerense contra la designación de Juan Pablo Peredo como vocal en el Tribunal de Cuentas de la Provincia fueron desestimadas por improcedentes, según trascendió en las últimas horas.
La figura de Peredo había quedado en medio de fuertes cuestionamientos luego de que el jueves pasado el Senado apruebe su pliego para ocupar una vocalía en ese estratégico organismo de control que se encarga de fiscalizar las cuentas de la Provincia y los municipios.
Propuesto para ese cargo por un sector del PJ bonaerense, Peredo fue impugnado a partir de presentaciones que apuntaban a un supuesto incumplimiento en términos formales, ya que su matrícula como contador público se encontraba cancelada.
Así lo plantearon desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia.
Ayer, fuentes del Senado bonaerense explicaron que las impugnaciones en ese sentido fueron desestimadas por improcedentes.
“En realidad, la legislación indica que los candidatos designados para ocupar vocalías en el Tribunal de Cuentas deben haber tenido su matrícula como contador activa el menos seis años y Peredo la mantuvo durante diez”, explicaron fuentes legislativas.
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En ese marco, las impugnaciones fueron descartadas, lo que no evitó sin embargo la controversia por la designación en ese organismo de control de un ex funcionario denunciado e investigado por la Justicia.
A principios de este año, la ex diputada del GEN Margarita Stolbizer presentó una denuncia penal en la Justicia que involucró a Peredo y otras dos personas, uno de ellos funcionario del Gobierno. Los tres aparecían como titulares de una consultora de comunicación sin empleados ni registros de gastos que era beneficiada con numerosas contrataciones en el Estado nacional y en el ámbito del gobierno porteño.
En la denuncia, que derivó en una investigación en el Juzgado Federal de Claudio Bonadio, Stolbizer apuntó la consultora Labcom SA, propiedad de Peredo junto a Luciano Alonso, quien se desempeña en el ministerio de Justicia de la Nación, y a Luciano Elizalde Acevedo. La ex diputada afirmó en su denuncia que la consultora del ahora designado vocal en el Tribunal de Cuentas ha recibido “diferentes beneficios que se le han otorgado desde el Ministerio de Modernización pese a que sus únicos ingresos en el período 2016/2017 se originarían en los contratos que recibe de la administración pública nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Siempre vinculado al peronismo bonaerense, su nombre fue impulsado por un sector del intendentes de esa fuerza. Concretamente, se apunta a un pedido del intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, con quien mantiene una estrecha relación.
En ese marco, su nombre llegó a la mesa de conversaciones que abrió en las últimas semanas Cambiemos con la oposición por la cobertura de cargos con la que el oficialismo negoció el acompañamiento de los distintos bloques para la sanción del Presupuesto y la Ley Impositiva.
Su pliego fue enviado al Senado por el Ejecutivo junto a otros tres candidatos que también fueron designados en el Tribunal de Cuentas: Ariel Pietronave, Gustavo Diez, por Cambiemos, y Daniel Chillo, por el Frente Renovador de Sergio Massa.
La designación de Peredo generó fuerte impacto y repercusiones en el día de ayer en el seno del oficialismo, donde algunas voces cuestionaron que el Ejecutivo haya firmado y enviado al Senado el pliego de un ex funcionario investigado por la Justicia.
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