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La lista incluye 70 inmuebles, 1266 vehículos, y 5 aeronaves. El juez ya les había trabado embargo por $17 mil millones
Cristóbal López, dueño del grupo Indalo/archivo
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó ayer la inmovilización de los bienes y acciones embargadas a los empresarios detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa y al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
El fiscal presentó su dictamen ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa en la que se investiga una supuesta defraudación al Estado a través de la retención indebida por parte de la firma Oil Combustibles -del grupo Indalo- a unos 8.000 millones de pesos impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC).
El juez ya había trabado embargos por 17.000 millones de pesos sobre los tres imputados, pero ahora el fiscal entregó una lista de acciones, inmuebles, vehículos y otros muebles registrables para que sean inmovilizados.
La lista entregada por el fiscal incluye “70 inmuebles, 1266 automóviles, motovehículos y maquinarias, 4 embarcaciones, 5 aeronaves de propiedad de Echegaray, López y De Sousa y de las personas de existencia ideal del Grupo Indalo”, según se detalló.
El objetivo de la medida es “evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspire contra la garantía patrimonial que con su cautela se pretende salvaguardar”, por lo que solicitó “que se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes.
“Echegaray, De Sousa y López se vieron beneficiados por el fraude cometido contra las arcas del Estado Nacional, —y respecto de las cuales se han podido individualizar bienes— así como también las participaciones accionarias directas de los empresarios en cinco sociedades”, señaló el fiscal en su escrito elevado al juez Ercolini.
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Además, el pedido del embargo preventivo alcanza un conjunto de compañías del Grupo Indalo, tanto de sus bienes muebles como inmuebles. Se trata de Oil Combustibles SA, Inversora M &S, Telepiu, Oil Inversora, CPC SA, Ganadera Santa Elena, South Media, entre otras.
Para Pollicita, las empresas “fueron beneficiadas por el fraude cometido contra las arcas del Estado Nacional, como así también las participaciones accionarias directas de López y De Sousa en 5 sociedades del Grupo Indalo”, por ello pidió que sean contempladas en la medida cautelar y que también se dicte una “medida de no innovar” sobre las acciones.
La fortuna de López no tiene un número final, por eso Pollicita pidió que se ordene una tasación de todo.
Un informe periodístico de Clarín hizo un listado de bienes e inmuebles valuados en 3.321 millones de pesos.
Incluye edificios, shopping, aviones, terrenos y empresas, entre otros, que los nuevos administradores de Indalo buscan vender para cancelar los pasivos millonarios del grupo.
En relación al ex titular de la AFIP se pidió afectar dos propiedades y dos vehículos registrados. Si el juez de la causa acepta el pedido de Pollicita, remitirá a los respectivos Registros de la propiedad inmueble y del automotor para que sean notificados sobre la medida cautelar.
En el caso de De Sousa, se detalló en el listado tres propiedades en Chubut, cinco vehículos (4 de ellos BMW), un cuatriciclo y tres motocicletas. Además, de participaciones accionarias.
López y De Sousa fueron procesados por “administración fraudulenta agravada” en la causa que investiga la falta de pago a la AFIP del impuesto que, según la acusación, se usó para capitalizar a otras empresas del Grupo Indalo, con encubrimiento del entonces titular del organismo recaudador.
Cristóbal López quedó preso en la cárcel de Ezeiza tras ser detenido el 19 de diciembre pasado y su socio está en el penal de Marcos Paz, luego de que el juez Ercolini entendiera que quisieron obstruir la causa judicial al intentar vender el Grupo Indalo a un fondo de inversión.
Cristóbal López, dueño del grupo Indalo/archivo
Ricardo Echegaray, ex titular de la AFip/archivo
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