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Lo impulsaría la Provincia para bajar la litigiosidad. “Es una falacia creer que depende de la formación”, dicen desde la entidad
El proyecto que mantiene en estudio el gobierno de María Eugenia Vidal que obligaría a los abogados recién recibidos a rendir una examen para obtener el título habilitante y así poder ejercer ya generó reacciones y rechazos desde los colegios que agrupan a esos profesionales.
El presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Hernán Colli, sostuvo que si bien aún no conoce ningún proyecto en ese sentido la idea “parte de una falacia que es considerar que el nivel de litigiosidad está vinculado con la formación de los profesionales”.
“Además, una modificación en ese sentido no podría ser discutida en la Legislatura”, agregó.
Como adelantó EL DIA en su edición del domingo, el gobierno de la Provincia busca reducir la cantidad de juicios que considera “innecesarios” y “demasiado prolongados” que generan gastos y movimientos de recursos en el ámbito del Poder Judicial.
Según los borradores de la reforma, los exámenes que se le tomen a los recién recibidos durante la capacitación evaluarán los parámetros intelectuales del candidato pero también –y sobre todo- la capacidad práctica para afrontar casos puntuales y reales. También se ponderará la formación ética.
Además, una vez habilitado para ejercer, el abogado deberá participar de capacitación permanente y obligatoria como requisito indispensable para poder litigar en Tribunales.
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En la Provincia hay 59.795 matriculados activos según datos oficiales de 2017. Esto representa 351 letrados cada 100 mil habitantes.
De acuerdo a la normativa actual, a cualquier abogado recién graduado, luego de un trámite en el Colegio de Abogados correspondiente, se le otorga la matrícula que lo autoriza a ejercer libremente la profesión y representar a un ciudadano en todas las instancias judiciales, desde la primera hasta la Suprema Corte.
Según el diagnóstico que realizó el ministerio de Justicia, los abogados sin capacitación adecuada redundan en juicios innecesarios, muy extendidos, a veces sin sentido. Y ese uno de los factores, junto a la poca oralidad, el exceso de causas por juzgados y demás pasos burocráticos, de las dilaciones que exhibe hoy el Poder Judicial bonaerense.
A poco de que trascienda la idea que circula por estas horas en varios despachos del gobierno de María Eugenia Vidal, las reacciones comenzaron a hacerse escuchar.
El primer rechazo llegó por parte del titular del Colegio profesional platense.
Colli explicó que, en rigor, el Ejecutivo bonaerense no podría avanzar con un proyecto de estas características, ya que apuntaría a modificar una disposición contenida en la Ley Federal de Educación.
“Es un tema nacional, debería en todo caso debatirse en el Congreso”, afirmó Colli. “Si lo que quiere hacerse es dejar de lado la condición de título habilitante, hay que modificar la ley 24.521, que en su artículo 42 establece que los títulos expedidos por las universidades serán habilitantes en todo el territorio nacional”, agregó.
“Hay algunas profesiones de interés público en las que, según el artículo 43 de la Ley Federal de Educación, las autoridades podrán establecer criterios como contenidos mínimos y requisitos. La abogacía fue incorporada en 2015”, explica el titular del Colegio platense.
“En realidad, no conocemos el contenido de la propuesta. No vimos el proyectos y no sabemos sus alcances más allá de los anuncios rimbombantes”, disparó Colli.
Además, cuestionó la argumentación de fondo tras el proyecto en etapa de borrador. “Es una falacia argumentar que el problema de la litigiosidad guarda estricta relación con la formación de los profesionales”, señaló.
En ese marco, destacó además el desde los colegios profesionales “estamos comprometidos con la formación permanente en coordinar con una capacitación continua para ejercicio profesional”.
“Pero eso es absolutamente distinto a poner algún tipo de condicionamiento con respecto al título habilitante”, agregó.
Según pudo saber este diario, Vidal podría anunciar el proyecto el jueves en su discurso ante la Asamblea Legislativa, en donde presentará varios lineamientos de la reforma judicial.
Dentro de ese proyecto que se elaboró en el ministerio de Justicia provincia, existe un capítulo destinado a reformar el proceso de selección de jueces y fiscales, haciendo más rigurosa la evaluación en el Consejo de la Magistratura y fijando un orden de mérito. También, se procura acelerar los tiempos que insumen los enjuiciamientos y destituciones de los magistrados y garantizar la participación de las víctimas de delitos durante todo el proceso judicial.
En ese marco, la intención en el Ejecutivo es encarar una serie de consultas a los colegios profesionales y las universidades que son las que otorgan los títulos habilitantes.
Eso, antes de poner en marcha un debate legislativo que se anticipa controvertido.
Sin embargo, según pudo saber este diario, el Consejo Superior que nuclea a los veinte Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires no recibió todavía ninguna consulta formal por parte del Ejecutivo bonaerense con respecto a un posible proyecto de ley que establezca exámenes obligatorios para el título habilitante.
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